De la crisis a una oportunidad

Nunca desaproveches una crisis grave, te da la oportunidad de hacer las cosas que no podrías hacer en otro momento. Pudiera aplicarse al contencioso derivado del reciente fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio que ordenó suspender a Uber.

Y es que el conflicto generado a partir de la demanda presentada en 2016 por Cotech es de grandes proporciones, pues involucra a 250.000 taxis, 88.000 socios conductores de Uber, unas 500.000 familias que derivan su sustento de la industria y no menos de 8 millones de usuarios. El Gobierno y el Congreso no pueden entonces eludir la responsabilidad de actualizar las reglas del transporte público en Colombia, no obstante que el debate comienza a estar plagado de distorsiones que dificultan encontrar las soluciones.

A pesar de que hemos sido defensores e impulsores de todas las iniciativas de modernización del sector TIC, la decisión en contra de Uber no puede ser calificada como un mensaje negativo a la inversión extranjera, ni una violación al principio de neutralidad de la red, ni al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, razón con la que amenazó Uber para demandar a Colombia.

Hay que recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó en diciembre de 2017 que Uber es una empresa de transporte en lugar de un servicio tecnológico, argumento con el que ha sido suspendida en varios países y ha debido ajustarse a los requerimientos del transporte público en varios otros. Uber debe entonces entender que no puede ser reacia cumplir con las leyes colombianas que nivelen las cargas y obligaciones a todos los prestadores del servicio.

La pelota está en el campo del Gobierno y el Congreso, cualquier solución debe propiciar la transformación digital, que flexibilicen las normas actuales que son restrictivas de la competencia y de la libertad de prestación del servicio, e introducir cambios como:

Primero, eliminar la limitación del número de taxis que ha generado una prestación ineficiente del servicio público de transporte individual de pasajeros, y pasar de un régimen de exclusividad a uno de habilitación general, con requisitos a vehículos y conductores que garanticen una prestación eficiente, segura y a precios razonables.

Segundo, debe permitirse la utilización de vehículos particulares para la prestación del servicio, por su grado de infrautilización, lo beneficios adicionales que se les podría extraer son enormes.

Tercero, sin importar quién preste el servicio, debe conservarse el carácter de servicio público, por ser una actividad esencial en la sociedad; con la responsabilidad de una empresa debidamente habilitada, que garantice una prestación eficiente, la seguridad social, la cualificación del conductor, los requisitos de los vehículos, y los seguros de responsabilidad civil.

De esta forma, se estaría comenzando a resolver un problema de gran calado social y político que se agrava en un país con tan altas tasas de desempleo.