MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Agregue a sus temas de interés
Los marcos jurídicos sobre inteligencia artificial (IA) han cobrado gran dinamismo a nivel mundial, impulsados por el rápido desarrollo y popularización de la IA, que han transformado diversas áreas de la actividad humana. La regulación busca tanto aprovechar las oportunidades que ofrece la IA como mitigar sus posibles riesgos. Colombia no ha sido la excepción, con múltiples iniciativas legislativas en trámite, la creación de varias comisiones accidentales del Congreso de la República y la participación activa de universidades como los Andes, Javeriana y Externado con la mesa multiactor para definir una hoja de ruta en materia regulatoria.
El avance del Proyecto de Ley sobre IA en Brasil se inspira en el modelo europeo, generando el fenómeno conocido como el “efecto Bruselas”. Adoptando el enfoque basado en el riesgo, la definición de IA, el concepto de entornos regulatorios, aspectos del sistema de gobernanza entre otros.
En este contexto, se destaca que Brasil establece de manera explícita un marco integral de valores fundamentales, principios básicos y derechos de las personas afectadas, aspectos que no se observan en la Ley IA de la UE. Colombia podría avanzar adoptando este enfoque regulatorio, lo que sería beneficioso y eficaz al incorporar, vía legislativa, el Marco Ético para la IA expedido en 2021 basado en el marco de la Unesco, así como los principios de la Ocde a los que el país ya se ha adherido. Además, en materia de protección de derechos fundamentales, contamos con un instrumento muy importante como es la acción de tutela.
El marco regulatorio brasileño incluye una lista de valores fundamentales que sirven como base del desarrollo, la implementación y el uso de la IA en el país. Este enfoque busca evitar la creciente tendencia de argumentar que “la IA es diferente” y que los marcos legales existentes no son aplicables a los sistemas de IA. Esto coincide con lo ratificado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-323 de 2024, que establece que las tecnologías emergentes, como los sistemas de IA, están comprendidos dentro del concepto de tecnologías de la información y las comunicaciones.
Se resalta los derechos relacionados con la explicabilidad y a la no discriminación, desafiando la paradoja de la caja negra o la premisa de que los sistemas de IA a menudo no son comprensibles y que suelen ser sesgados.
A pesar de la inexistencia de un marco regulatorio específico sobre la IA en Colombia, la Constitución Política de 1991, la Ley sobre tecnologías de la información y las comunicaciones, de datos personales, de derechos de autor y derechos del consumidor son un conjunto de leyes aplicables a los sistemas de IA.
En cuanto a las demás disposiciones, Colombia enfrenta el reto de adoptar un enfoque que se ajuste a su propio contexto social y económico, considerando sus desafíos tecnológicos y necesidades locales, que vaya más allá de replicar literalmente las disposiciones de la Unión Europea.
