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No es extraño que un programa, como la transición energética, que por demás pretende combatir el calentamiento global, pasar de una economía extractivista a una productiva, y de un modelo de energía eléctrica centralizado a uno descentralizado, le surjan cuestionamientos y contradictores.
El programa de gobierno del Presidente electo Gustavo Petro, hace un gran énfasis en la transición energética y lo llama Hacia una sociedad movida por el sol, el viento y el agua. Con el fin de enfrentar el cambio climático y fortalecer las capacidades del país para la economía productiva, garantizando la confiabilidad y estabilidad del sistema energético.
Sin entrar a analizar las prohibiciones planteadas, que podrían resolverse con mecanismos de mercado, deberían revisarse como: la exploración de YNC, los pilotos de fracking, los yacimientos costa afuera, las licencias para la exploración de hidrocarburos, la gran minería a cielo abierto, las hidroeléctricas de embalse, y las plantas termoeléctricas.
En la propuesta se resalta el objetivo de instaurar un modelo energético de acceso universal, justo e incluyente donde el usuario final será protagonista activo de la cadena energética del país, enfrentar los efectos negativos de la posición dominante de los grandes actores, impulsar plataformas digitales que permitan la gestión de la energía en la cadena productiva, y crear el fondo para la transición energética y el Instituto Nacional de Energías Limpias.
Este modelo apunta a un nuevo paradigma en la generación de energía eléctrica respecto del modelo tradicional, centralizado y costoso; a una red distribuida con usuarios que se convierten en prosumidores. Está evolución es debido al desarrollo tecnológico de las fuentes renovables, y las nuevas políticas para disminuir los gases efecto invernadero que se oponen a la generación de electricidad basada en combustibles fósiles.
Este modelo energético incide positivamente en la sostenibilidad, por ser energías limpias; en confiabilidad energética, por haber una disminución de carga y un esquema de complementariedad que mejora la confiabilidad, calidad y seguridad del sistema eléctrico, y la descentralización en generación disminuye la posición dominante que se presenta en los sistemas centralizados; y en materia de equidad, que incide directamente en el bolsillo del usuario, ya que este asume una posición activa, produce su propia energía y disminuye las pérdidas energéticas.
La transición energética es una oportunidad para reindustrializar nuestro país y evitar convertirnos en importadores de energía a través del suministro de paneles, convertidores y baterías. Que quede claro que es el momento oportuno para impulsar la transición energética con participación activa desde la demanda, contribuir a un sistema energético eficiente y de energía limpia.
