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Recientemente fueron publicados los resultados del indicador internacional de Competitividad del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) y los del Doing Business del Banco Mundial. Para el primer indicador, Colombia ocupó el puesto 60 entre 140 economías, descendiendo tres posiciones frente al año anterior (posición 57 entre 135 con el valor recalculado, por el cambio en la metodología). Para el segundo, Colombia perdió seis posiciones en el escalafón y pasó del puesto 59 al puesto 65 entre 190 economías consultadas.
También fue presentado el Informe Nacional de Competitividad (INC) 2018-2019 del Consejo Privado de Competitividad (CPC), una publicación anual del centro de pensamiento. El CPC recomienda: (i) priorizar acciones en tres frentes (mejorar las condiciones habilitantes que permitan aumentar la productividad, optimizar el funcionamiento de los mercados y apostarle con decisión a la innovación empresarial); (ii) contar con liderazgo al más alto nivel en el Gobierno Nacional, y (iii) asumir un compromiso con la política pública rigurosa y basada en evidencia. El INC destaca la necesidad de que Colombia se concentre en aumentar la productividad, como condición necesaria para alcanzar un crecimiento mayor y sostenido que se traduzca en bienestar para todos los colombianos.
Situación que genera grandes retos…
Para avanzar en la agenda de competitividad y productividad del país, el Gobierno busca fortalecer el Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación como esquema de coordinación público-privado.
En el marco de este Sistema, estamos trabajando en la formulación de la Agenda Nacional de Competitividad 2018-2022, totalmente articulada con el Plan Nacional de Desarrollo, y a la cual por primera vez se le hará seguimiento por parte de la Consejería Presidencial para la Gestión de Cumplimiento, definiendo para cada acción unos indicadores, metas, tiempos y responsables, que nos permitan mover la aguja de la competitividad.
Esta Agenda comprende los ejes que más impactan la competitividad del país, como lo son: calidad de las nuevas regulaciones y reducción de trámites, intermodalidad, entorno y condiciones habilitantes para masificar las TIC, calidad y pertinencia de la educación superior y la educación para el trabajo y desarrollo humano, facilitación de comercio, relación beneficio-costo de ser formal, apoyo directo a las empresas para la modernización productiva (adopción tecnológica e innovación), ordenamiento productivo agropecuario, uso eficiente del capital natural y la generación de nuevas oportunidades económicas de crecimiento verde, apoyo directo a las empresas para la modernización productiva, articulación entre universidad y empresa, y condiciones habilitantes para la economía naranja.
Estas estrategias están directamente vinculadas con las variables que se miden internacionalmente y por las cuales nos califican en los indicadores de competitividad. De esta manera, se realizará un plan de cierre de brechas que permitirá trazar el camino para su mejora.
Para hacerle seguimiento al cumplimiento de los objetivos de la Agenda Nacional de Competitividad y el avance en las metas, el Gobierno se reunirá cada mes en el Comité Ejecutivo, liderado por la Alta Consejera Presidencial para el Sector Privado y la Competitividad, e integrado por las cabezas de entidades públicas y privadas: el Ministro de Comercio, Industria y Turismo; la Directora del Departamento Nacional de Planeación; el Director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias); la Presidenta del Consejo Privado de Competitividad y el Presidente de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras). Adicionalmente, el pasado 25 de octubre se integró al Comité Ejecutivo la señora Vicepresidenta de la República y las ministras de Trabajo y Educación.
El avance de este trabajo será presentado y avalado por el Señor Presidente el próximo 5 de diciembre en la Comisión Nacional de Competitividad, porque esta es una tarea que no solo corresponde al Gobierno Nacional, sino también a gobiernos locales y regionales, a gremios y empresas, a la academia, a los sectores laborales y sociales. Se requiere una apuesta decidida en múltiples frentes, y a distintos niveles, para impulsar la competitividad del país desde sus regiones, avanzando así hacia el logro de la visión 2030 de ser una de las tres economías más competitivas de América Latina.