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La reciente intervención de la EPS Sanitas, una entidad de capital extranjero que ocupaba una posición prominente dentro del sistema de salud colombiano, ha suscitado una pregunta inquietante: ¿podría ocurrir algo similar con los fondos de pensiones privados?
Es natural buscar paralelismos entre ambos sistemas, pero debemos reconocer las notables diferencias entre el sistema de salud y el de pensiones. Mientras que en el ámbito de la salud, el esquema de aseguramiento y operación es similar tanto para una EPS privada como para una pública, en el sistema de pensiones contamos con dos regímenes distintos. El de prima media, administrado por Colpensiones, y el de ahorro individual con solidaridad, gestionado por los fondos de pensiones privados. Esto origina esquemas distintos de operación y de prestación de los servicios.
En el caso de la salud, nuestros aportes van a un fondo público conocido como Adres, el cual es el encargado de administrar y asignar los recursos al sistema. Sin embargo, la asignación de estos recursos no está siendo suficiente para que las EPS cumplan con sus obligaciones financieras, principalmente con las relacionadas con las entidades prestadoras de salud, lo que ha llevado al sistema a la crisis actual.
Por otro lado, los fondos de pensiones gozan actualmente de estabilidad financiera y buenos indicadores, lo que sugiere que una intervención no sería justificable en este momento. Sin embargo, según el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, podrían ser susceptibles de intervención en caso de violación de estatutos o disposiciones obligatorias, o si suspendieran el pago de sus obligaciones, entre otras circunstancias contempladas en el artículo 114 de dicho estatuto.
A pesar de este marco regulatorio, la incertidumbre política y las luchas por el consenso en el congreso parecen estar llevando al gobierno a explorar medidas más drásticas para implementar sus reformas. En este contexto, la probabilidad de intervención o incluso expropiación de los fondos privados de pensiones no puede descartarse por completo, aunque sería una medida que vista desde la perspectiva actual solo estaría justificada frente a circunstancias legalmente fundamentadas que hoy parecen no existir.
En resumen, el panorama político y económico actual presenta desafíos de proporciones monumentales para el sistema financiero y de pensiones en Colombia. Como en las intrigantes tramas de una novela, el destino de estos fondos y la seguridad financiera de los trabajadores y pensionados penden de un hilo en medio de la vorágine de la incertidumbre.
En un escenario donde la intriga y la turbulencia acechan en cada esquina, solo el tiempo revelará el desenlace de esta épica historia, donde las apuestas son altas y el destino de millones de colombianos está en juego.
