Eros económico y solidario

La representante a la Cámara, Clara Rojas, presentó un proyecto de ley para sancionar con multas hasta de 32 Smlmv a quienes paguen por servicios sexuales a “personas en situación de prostitución”. Propuesta que genera debate por ser un asunto complejo aunque tiene precedentes en varias naciones, siendo Suecia la pionera.

Eros, ese dios griego responsable de la atracción sexual y el deseo, se mete en la política y en la economía, no solo en la cama. La propuesta de la representante Rojas es para algunos absurda, para otros mediática de cara a las elecciones próximas. Para un estudiante de economía, castigar la demanda para luego desmotivar la oferta es algo lógico, y los resultados en países que han implementado ideas similares le dan la razón a la representante.

Según cifras oficiales suecas tras la promulgación de la ley en 1999, se redujeron contundentemente los clientes y el número de trabajadoras sexuales. Ante tales hechos otros países eligieron también la criminalización de la demanda de estos servicios, como Sudáfrica y Corea del Sur entre otros. Según los argumentos de la propuesta legislativa, entre 60 y 70% de quienes ejercen la prostitución son personas en situación de vulnerabilidad, migrantes y desplazadas por la acción de la violencia política o la pobreza, siendo la mayoría mujeres, muchas menores de edad y presas de la explotación por parte de redes de proxenetas.

La voz de protesta al proyecto de ley llega desde diferentes sectores, como el sindicato de trabajadoras sexuales que dice que su trabajo es “uno más en el país” y se mencionan las sentencias de la Corte Constitucional al respecto, como la T-629/ 2010, donde se reconoce a las personas trabajadoras sexuales con los mismos derechos de quienes cumplen cualquier otra labor y en consecuencia tienen protección constitucional.

La preocupación es que esta propuesta en países como el nuestro donde el Estado cojea, es viable solo en un universo paralelo, mientras no mejore la institucionalidad y la política pública dirigida a esta población. Supongamos que en un escenario ceteris paribus, donde todo lo demás permanece constante, la medida sirve para reducir la demanda, lo que hará bajar los precios del servicio aun más en aras de buscar clientes perjudicando el ingreso de las trabajadoras. La regulación de la oferta por otra parte, traería el efecto contrario, incrementaría el precio del servicio, lo que atraería a más proveedores y entonces los efectos serían adversos a la propuesta legislativa. Al igual que existe el internet profundo, una medida como la sugerida puede motivar otro tipo de estrategias para atender la demanda y de paso, incrementar sus costos de transacción, perjudicando más a quienes ejercen ese oficio.

En aras de una propuesta que sea alternativa para las preocupaciones de la representante y del gremio, aparece el emprendimiento solidario iniciado en Ibiza (España) y en Amsterdam (Holanda), donde se han creado cooperativas de trabajadoras y trabajadores sexuales. La opción es para algunos utópica, para los que sabemos de las ventajas de las empresas solidarias, es más que posible aunque se requiere una institucionalidad fuerte para que esta solución funcione, algo que aquí está en deuda.