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A finales de 2020, Colombia sufrió una de las crestas más altas de una pandemia nociva para las arcas de nuestras regiones: el consumo de cigarrillos ilegales. El efecto viral del contrabando, en efecto, afectó el recaudo de los departamentos en cerca de $697.000 millones, una cifra comparable a la mitad de los recursos destinados por el país para la compra de la vacuna contra la vacuna contra el covid-19.
La cifra, que revela una realidad tozuda, surge de un estudio elaborado por Invamer y la Federación de Departamentos (FND) sobre la incidencia del fenómeno en 2020. La medición, que viene siendo realizada desde 2011 en los 32 departamentos y el Distrito Capital, reveló esta vez que el año pasado el consumo de cigarrillos ilegales alcanzó el 34% a nivel nacional, es decir, cuatro puntos porcentuales más que en 2019.
El problema interpela la conciencia nacional si tenemos en cuenta que los impuestos al consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas representan la principal fuente de inversión para la salud y el deporte en los departamentos. Esos tributos, que reconocen las externalidades negativas del consumo, significan más del 15% en el total de las rentas departamentales y el año pasado significó más de un billón de pesos en recaudos.
El estudio, basado en la aplicación de 3.168 encuestas entre fumadores mayores de 18 años y realizado entre el 10 de noviembre y el 7 de diciembre, muestra que, en promedio, la población colombiana consume 49,6 cigarrillos por semana (50,7 en zonas rurales y 49,1 en zonas urbanas). La edad del mayor núcleo de consumidores habituales de cigarrillos ilegales -que se encuentra principalmente entre los estratos 1 y 2- oscila entre los 55 y los 64 años y la proclividad a hacerlo es mayor entre los hombres (52,8) que entre las mujeres (cerca de 42).
Uno de los signos más inquietantes revela un fuerte arraigo cultural en esta franja de ilegalidad, al punto de que el 69% de los encuestados dicen que no estarían dispuestos a pagar precios superiores por el producto legal, así estén enterados de que hacerlo garantizará mayores recursos para la salud, la recreación y el deporte.
Entre los departamentos más afectados por el consumo ilegal se encuentran cinco de la Región Caribe, los cuatro del Eje Cafetero, además del Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Huila, Meta, Caquetá, Guaviare y Santander. Justo y equilibrado es reconocer que entre aquellos que disminuyeron el consumo respeto a 2019 están Magdalena, Cesar, Bolívar, Chocó, Vaupés, Vichada, Norte de Santander, Arauca y Bogotá.
Uruguay, Emiratos Árabes, Paraguay, Corea del Sur y China son los principales países de origen de marcas de cigarrillos que no están pagando el impuesto al consumo en Colombia, entre ellas Rumba, Carnival, Marshal, Ultima y Fisher.
La FND ha trascendido el umbral de los diagnósticos y ha desplegado una renovada estrategia de lucha contra el contrabando. Para alcanzar metas tangibles ha incrementado en un 46% la transferencia de recursos a los departamentos, con desembolsos cercanos a los $940.000 millones. Para este 2021 están siendo categorizados los departamentos para identificar las necesidades específicas de cada territorio. La estrategia tiene en cuenta, entre otras variables, el impacto del problema en las rentas departamentales, la geografía económica, la capacidad operativa y la presencia de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).
A la par con el fortalecimiento de los recursos económicos, están siendo consolidados los equipos operativos e incrementadas las visitas de control y fiscalización. Sin embargo, está claro también que es imperioso trabajar en la construcción de una cultura de la legalidad entre consumidores y actores de toda una cadena, en cuyos eslabones están la comercialización y la distribución.
Buena parte de nuestras esperanzas están cifradas en el desarrollo de la agenda legislativa en el Congreso de la República. Nunca había sido tan necesaria y urgente una Ley Anticontrabando que refleje la realidad del mercado y su trasfondo social.
