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El concepto de “Estado simple”, tan en boga en los círculos de la administración pública, es mucho más que una postulación teórica. En el caso de las relaciones entre el la Nación y las entidades territoriales su significado será entendido a cabalidad cuando exista un equilibrio entre las responsabilidades que suelen ser transferidas a los departamentos y el volumen de recursos necesarios para ejecutarlas cabalmente.
Sin embargo, no se trata solo de una fórmula de equidad. La generación de esos recursos debe encontrar nuevas fuentes permanentes que fortalezcan los principios de descentralización y autonomía, especialmente cuando se trate de administrarlos técnicamente, respaldar su manejo con el ejercicio de una gerencia pública eficiente y ponerlos al amparo de un control fiscal preventivo.
Alcanzar ese objetivo pasa por un reforma estructural e integral al Sistema General de Participaciones (SPG), pero va mucho más allá. Implica la necesidad de una Ley de Ordenamiento Territorial que interprete fielmente las necesidades administrativas y sociales y regionales e incluso la adopción de una reforma tributaria en el ámbito subnacional.
El primer paso en esa dirección debe ser la simplificación del actual modelo contemplado por la Ley 715 de 2001, que no solo es contradictorio y carece de claridad para diferenciar la asignación de competencias y recursos por entidad territorial, sino que luce ya desueta.
A través de la Federación Nacional de Departamentos, los gobiernos territoriales han venido proponiendo, en aras de la simplicidad y eficiencia, que se elimine la transitoriedad y se le de carácter permanente a la fórmula de cálculo de crecimiento de las transferencias con base en la inflación y no como porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación. En este sentido, el Banco de la República ha dicho que el carácter transitorio que hoy tiene la fórmula genera incertidumbre en cuanto al futuro de los balances de las cuentas territoriales.
Esa misma transitoriedad debe ser eliminada en el caso del porcentaje adicional de los recursos de las transferencias totales destinado a la educación, que hoy rige como sobretasa. A menos, claro está, que se defina de inmediato una nueva fuente de financiación. De otra manera no podrían ser elevados los raseros de cobertura y calidad.
El problema no se reduce al porcentaje de las transferencias. Incluye también las dificultades que el modelo actual causa al crecimiento económico y al desarrollo del aparato productivo en los territorios al limitarlos para captar más y mejores recursos. Ese panorama obliga al ministerio de Hacienda a pensar sus proyecciones económicas de la mano de las economías territoriales con objetivos impostergables: fortalecer su capacidad de desarrollo, administración y recaudo, planificación y gasto. La idea de la reforma tributaria subnacional tiene origen en el Banco de la República y parte de la premisa de generar mayores ingresos tributarios para que los departamentos puedan cumplir, en forma realista, con las responsabilidades propias y derivadas de la no- certificación de los municipios bajo su jurisdicción. No de otra manera podrían acometer misiones socialmente sensibles como la mejora de la calidad en salud y educación, con proyectos de alto impacto social y económico.
Ahora bien, el ejercicio de una eficiente gerencia pública por parte de gobernaciones y alcaldías exige una transferencia tecnológica y un respaldo expedito de Planeación Nacional. Hace falta consolidar cuerpos técnicos especializados y profesionales para gestionar el desarrollo de nuevas fuentes financieras, mejorar los niveles de control fiscal y elevar la calidad de planificación en políticas públicas. Ese es un punto medular y debe quedar inscrito en un proyecto de ley de Ordenamiento Territorial.
Se plantea una oportunidad histórica para que esa ley formule en conjunto un modelo integral de régimen departamental, municipal, de ciudades capitales, le de vida a un Sistema General de Participaciones y fortalezca el Sistema General de Regalías. Así, señalará la ruta para el tránsito de un Estado centralista hacia un Estado regional.
Esa es la transición que espera el país y que, como lo hemos venido planteando, debe abrirse paso por encima de cualquier coyuntura política.
