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La Corte Constitucional puede salvar el sistema de salud ordenando la corrección retroactiva de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Esta decisión devolvería la estabilidad financiera a las EPS y salvaríamos el sistema del manejo destructivo que ha hecho el actual Gobierno.
Esta acción ha sido solicitada a la Corte en oficio ya recibido que dice lo siguiente: “El grupo de académicos firmantes de la presente le solicitamos a las Sala de Seguimiento proteja el derecho a la salud determinando medidas que obliguen a la corrección y al ajuste correspondiente del cálculo de la Unidad de Pago por Capitación para los años 2022, 2023 y 2024, debido a que los niveles fijados por la autoridad no resultaron suficientes para cubrir las necesidades del sistema, derivadas de la evolución efectiva que los precios y tarifas y la demanda de servicios han tenido en el período considerado, lo que ha llevado a la insuficiencia financiera del sistema. Se requiere ordenar la corrección para que se restablezca el equilibrio financiero del sistema y se asegure la adecuada atención de la población colombiana.”
El documento se puede leer completo en: https://www.fundacionecsim.org/download/solicitud-a-la-corte-constitucional-de-corregir-la-upc/
El argumento central del oficio es que el Gobierno ha incumplido la orden constitucional de asegurar el financiamiento del sistema establecido en la Ley Estatutaria 1715 y en la sentencia de la Corte T760. Explica con detalle y sustentado en los datos de atención que la UPC viene con sucesivos desfases en su ajuste anual desde 2022 y que los valores dispuestos para 2023 y 2024 no fueron asignados técnicamente. El desfase de 2022 fue de 7,2%, el de 2023 de 5,9%. El valor de este desfase es de $7,1 billones. A esto se suma un desfase adicional para el 2024 de 7,1%. La cifra total puede acumular, incluidos los presupuestos máximos no reconocidos, cerca de $14 billones.
La tarea de recuperar y hacer viable el sistema de salud no terminará allí. Se requiere generar un procedimiento técnico, verificable y público del cálculo de la UPC que haga que el sistema no dependa de las acciones políticas de un gobierno. Se requiere además una reforma de origen parlamentario que establezca un ordenamiento en el plan de cobertura explícito a cargo de la UPC y los mecanismos mediante los cuales el Estado atiende las demás coberturas sujetas al derecho fundamental. Es necesario también establecer los mecanismos mediante los cuales se configuren redes integrales de atención de salud que asuman el riesgo del costo de atención y que reciban el giro directo de esta capitación asociada a la UPC.
Una discusión detallada se encuentra en el libro “La Transformación Necesaria”: https://www.fundacionecsim.org/publicaciones/#
El Estado está en la obligación de asignar de manera prioritaria los recursos necesarios para atender la salud de los colombianos. Los recursos acumulados que se deben girar a las EPS debido a una eventual decisión de la Corte pueden ser entregados en títulos de deuda y dispuestos de manera prioritaria al pago de las deudas con los prestadores.
El sistema de salud construido en los últimos 30 años es patrimonio de la sociedad y el mayor reto que tenemos es que este se consolide sobre lo aprendido y avanzado.
