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Mientras el país se concentra en la oposición a la propuesta de reforma a la salud, una grave situación de desfinanciamiento conducirá a una falla general del sistema con el colapso de los aseguradores. Este se producirá por la decisión de las empresas de abandonar la actividad por inviabilidad financiera y ausencia de confiabilidad en el sistema.
El gobierno, en una combinación de incompetencia, falta de entendimiento del sistema y propósito de acabar con el mismo, está incumpliendo el mandato de ley estatutaria y fallo constitucional de financiar adecuadamente el aseguramiento en salud.
El componente para el plan básico de atenciones lo tiene desfinanciado en aproximadamente 8,6%, como lo revelan los estados financieros de las EPS y los cálculos realizados sobre las prestaciones. El componente de la cuenta de atenciones no contenidas en el plan, igualmente esta desfinanciado y para 2024 solo se están considerando $2,5 billones de los $4 billones que se requerirían.
El presupuesto aprobado para la salud en 2024 se incrementa en 17,4%, que es insuficiente para hacer los ajustes requeridos y mantendrá desfinanciado el sistema.
La gravedad del asunto la muestran las cifras: con base en los datos de Supersalud, por cada millón de afiliados se están generando en las circunstancias actuales al menos $100.000 millones de pérdidas anuales para los aseguradores. Por esto, las EPS han visto simplemente desaparecer su patrimonio.
Este deterioro patrimonial ha llevado a las compañías a la insolvencia. Se requiere una capitalización, la cual difícilmente se dará. No se le puede pedir a los accionistas, muchos de ellos institucionales, que aporten recursos en una actividad inviable, sin reglas claras y sobre la cual hay una total desconfianza en este gobierno. A esto se suma la intención de la reforma de eliminar el aseguramiento.
En las circunstancias actuales a los colombianos se nos viene encima un caos. En Antioquia la intervención de Savia EPS y el anuncio de no capitalización está generando despidos masivos, cierres y suspensión de servicios en las IPS. Esto se repetirá en todo el país de manera progresiva.
Este gobierno no entendió el caos que iba a generar. El peor escenario es que está sin reforma y se quedará sin EPS. No entiende que una EPS es un operador de un sistema de contratos que configura un arreglo de atención en salud viable. Cada EPS que se cierre es un problema enorme para resolver.
El gobierno, de manera simplista, asume trasladar los afiliados a Nueva EPS. Eso lo que hace de inmediato es afectar la atención de los actuales 11 millones atendidos por la entidad y además impone la necesidad de capitalizarla en $5 billones (Cálculos Sectorial.co).
El sistema tiene tres profundas fallas estructurales: una demanda ilimitada de servicios, una falla en la gestión del riesgo que acumula enormes utilidades en la IPS y bajos márgenes o perdidas en las EPS, y un mal diseño institucional que ha permitido que la UPC este al arbitrio del gobierno.
Decir ahora que el sistema no funciona es decir que el carro es malo y no opera luego de que no le ponemos la gasolina que requiere.
