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Patética la discusión en redes de Petro y Duque sobre cual había aumentado más el salario mínimo en términos reales. Irónico que disputen es a cuál de los dos corresponde una mayor responsabilidad en el daño social que significa tener cerca de 60% del empleo en condiciones de informalidad.
La gran calamidad del país y de Latinoamérica son los niveles de informalidad de su empleo y economía. Es el gran problema estructural que nos empecinamos en ignorar, pero además, en agravar cada año con el aumento del mínimo por encima de la inflación. Necesitamos un profundo cambio estructural, pero eso requiere un valor civil que en el arreglo político actual no se tiene.
Esta cifra de informalidad enmarca la inoperancia de las llamadas reformas sociales de Petro. La reforma pensional termina aplicándole a un porcentaje menor de la población, el real problema es el 60% de población informal sin pensión, con el agravante que allí está la población más pobre y vulnerable del país.
El resultado es una reforma cuyo mejor aporte es hacerle viable la pensión al segmento pudiente de la población, concentrando allí los recursos del Estado asignando subsidios provenientes de impuestos que también pagan los informales con su consumo.
La reforma a la salud tiene como trasfondo la financiación creciente que el sistema requiere del Estado. Este debe cubrir el costo de la Unidad de Pago por Capitación de la población subsidiada, es decir, informal. Solucionar la informalidad significaría resolver parte de los más de $40 billones que se tienen que dedicar a la atención de estas coberturas. La reforma que se pretende desconoce el logro social que ha tenido al país en inclusión y desarticula el control de gasto que se ha logrado implementar. El costo social y fiscal de la reforma será enorme.
Con todo, lo más dramático es la reforma laboral. Con la mayor indolencia social, la ministra dice que esta reforma no es para generar empleo. La gravedad del asunto es que la reforma profundiza las restricciones que han llevado a que tengamos un régimen laboral fallido.
Es una reforma construida desde los acomodados en un sistema excluyente y precario para asegurar unos privilegios laborales que ha terminado pagando toda una sociedad vía informalidad.
Santiago Levi, en una conferencia dada con motivo de los 75 años de la Cepal, mostró cómo el sistema de seguridad social en los diferentes países de la región lo que ha hecho es reforzar los incentivos a la informalidad y con ello ha inhabilitado las mejoras en la productividad que se obtienen desde una economía formal y competitiva (1).
Lo que parecen ser conquistas sociales se han convertido en la realidad en las mayores injusticias con las que se convive en Latinoamérica.
Nuestra sociedad requiere una profunda transformación de concepciones y posturas éticas sobre empresa, empleo y seguridad social.
Debemos entender que la construcción de inclusión y la superación de la pobreza se derivan de la generación de empresas y empleos cada vez más productivos y competitivos globalmente, en donde el bienestar es resultado de una participación responsable de todos. El asistencialismo estatal es el cáncer del desarrollo latinoamericano.
