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Hacer un balance de las búsquedas de la paz desde 2010 hasta la fecha dejan un deplorable balance para el país. Nos equivocamos con la paz y como sociedad debemos reconocer que este será uno de los mayores errores históricos de nuestra Nación.
Tras el borroso concepto de paz se encuentran unas expectativas de la población de seguridad, tranquilidad y cumplimiento de la ley. En los tres hemos fallado de manera grave. La percepción de la evolución de la inseguridad pasó de niveles inferiores a 50% que consideraban que estaba empeorando y de 45% que consideraban que mejoraba, a permanecer de manera persistente en los últimos 14 años en niveles de más de 80% de la población considerando que empeoraba y menos de 10% que veían alguna mejoría. (Invamer, febrero 2024).
Esta encuesta señaló el orden público y la seguridad como el mayor problema para la población. Similar comportamiento tuvo la percepción del problema de la guerrilla: pasó de percepciones de mejorar superiores a 50% a menos de 15%. La percepción de agravamiento pasó de 40% a niveles de 70%.
La población perdió la tranquilidad. El hurto a personas pasó -según estadísticas de la policía- de 62.442 casos en 2010 a 372.813 en 2023 (datos del portal de estadística delictiva de la Policía). El secuestro aumentó 162% en número de casos y 212% en número de personas. La extorsión pasó de 1.361 casos en 2010 a 10.961 casos en 2023. Fedegan denuncia que 400 municipios están bajo el control de grupos criminales.
La sociedad ha perdido su confianza en las instituciones y su capacidad de hacer cumplir la ley. Las Fuerzas Militares y la Policía pasaron de niveles de aprobación de 80% antes de 2010 a niveles inferiores a 60%. La Fiscalía pasó de niveles de aprobación de 70% a niveles de desfavorabilidad superiores a 60%. Las cortes pasaron de aprobaciones de 60% a desfavorabilidades mayores a 70%. El sistema judicial pasó de desfavorabilidades menores de 40% a mayores de 80%. El costo de la desinstitucionalización es profundo.
Una equivocación fue asumir que las guerrillas eran organizaciones de extrema izquierda que aspiraban a la justicia social. La realidad es que los negocios ilegales arrasaron con su ética revolucionaria y se convirtieron en estructuras asociadas al narcotráfico y el oro ilegal, cuya principal guerra no era solo contra el Estado, era también contra los demás grupos de crimen organizado, como las AUC y sus derivaciones posteriores.
Pensar que se hacía una paz con una guerrilla fue un grave error. A la sombra de los acuerdos se propició que los cultivos de coca pasaran de 48.000 hectáreas en 2013 a 230.000 en 2022. Se adueñaron de la explotación ilegal de oro hoy tiene devastadas 70.000 hectáreas, 17.000 más que en 2016. Los flujos de los dineros ilícitos alimentan una guerra para la que no hay paz, viven del caos, el crimen es su sistema. Una catástrofe social, ambiental e institucional.
La Paz Total de este Gobierno profundiza estos errores. El 62% de la población considera que va por mal camino y solo tiene apoyo de 27% en las últimas encuestas. Este será un tema que marcará las elecciones de 2026.
