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Las 4G para Colombia han sido una revolución en infraestructura. Se pasó de menos de 3.000 kilómetros -sumadas las tres primeras generaciones de concesiones- a más de 8.000 en la cuarta generación. Esto se logra por un nuevo marco legal que permitió poner en marcha un paquete de proyectos de infraestructura claves para el país.
El esquema que hizo posible este cambio fue la forma en la que se estructuraron los proyectos. El documento Confis en el que se da el aval de vigencias futuras para estas obras muestra cómo para unos requerimientos de $10 billones para un proyecto, el gobierno solo tenía que comprometer 31% de los recursos y los pondría en pagos anuales por un periodo de 20 años. De esta forma el Estado logró desencadenar un proceso de modernización de la infraestructura sin tener que disponer de los cuantiosos recursos iniciales que éstas requerían. Los recursos los generaría la dinámica económica de los proyectos.
Esta revolución se gestó desde Antioquia. Las tres primeras generaciones de concesiones se habían enfocado en los corredores viales de Bogotá a los puertos y en las regiones Pacífico y Atlántico.
Antioquia era un nudo de problemas con altos niveles de violencia, desempleo por encima del 22 por ciento y una crisis económica y social en las tres últimas décadas del siglo pasado. De las 50 grandes empresas que James Parsons había documentado en 1967, pocas quedaban. El estudio Monitor de 1994 llegaba a la conclusión de que ciudades como Medellín y Manizales iban a requerir algo así como un plan de evacuación organizado pues no tenían mayores potenciales.
Antioquia y el centro occidente estaban desconectados de los puertos. Desde Visión Siglo XXI y la agenda de competitividad se evidenció la necesidad de desarrollar un conjunto de proyectos que permitieran la conectividad del corredor occidental del país: Eje Cafetero, Antioquia y Córdoba, con el Atlántico, tanto con Urabá como con Cartagena y Barranquilla.
La tarea se emprendió desde una decisión de la ciudadanía con el liderazgo de Lina Vélez en la Cámara de Comercio de Medellin para Antioquia. Esos proyectos se pagarían con los peajes que se requirieran y se inició un proceso de estructuración con el liderazgo de ISA, que había ampliado su objeto social para atender proyectos de infraestructura con base en un contrato interadministrativo. En 2010 se tenía la primera parte de la tarea hecha. Se requería de un marco legal que viabilizara esa nueva modalidad de gestión de la infraestructura.
Fueron dos años en un limbo jurídico, que logra resolverse con la creación de la Agencia Nacional de Infraestructura y la formulación del esquema de cuarta generación de concesiones. Los articuladores de esta solución fueron Germán Cardona, ministro, Luis Fernando Andrade, director de la ANI y Federico Restrepo, gerente de las 4G en Antioquia.
En los siguientes años se dieron las licitaciones y los cierres financieros. La mayor parte de los proyectos están construidos y operando. Hay problemas de origen geológico en Pacífico 1 que deberían resolverse dentro del contrato de concesión existente. Hay un tramo que es obra pública, la conexión del Túnel del Toyo, financiada por el departamento, el municipio de Medellín y la Nación.
Falta que la Nación siga cumpliendo los compromisos y contratos. Se requieren unas obras adicionales que el gobierno dijo que no financiará. Para eso está la vaca. Las 4G son parte central de la reinvención de Antioquia en estas primeras décadas del siglo XXI.
