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El gobierno de Petro ha incumplido el mandato constitucional de asegurar la financiación de la salud de los colombianos. En la columna de 4 de julio de 2023, “Falla del Estado en la salud” se señaló “de la violación del derecho fundamental a la salud establecida en la sentencia T 760 de 2008 y la Ley Estatutaria en salud 1751 de 2015”.
Este incumplimiento ha derivado en una falla financiera del sistema. El Gobierno ha distraído del sistema entre $9 y $14 billones, variando según la metodología de cálculo de diferentes expertos. Anif estima el déficit en $9,6 billones, los cálculos desde estados financieros indicarían $14 billones estimados con el desfase acumulado contra el parámetro de cálculo de prima pura. Acemi señala que, a la fecha, además del desfase, se adeuda a las EPS $5 billones en cuentas glosadas.
En la revisión comparativa de los estados financieros de 2021, 2022 y acumulado a tercer trimestre de 2023, de las siete EPS líderes del sistema, que tienen afiliados a 34 millones de colombianos, se observa un progresivo deterioro del porcentaje de costos de salud, que ha pasado de 95,4% a 98%. Debería ser de 92% para el régimen contributivo y de 90% para el subsidiado. Su patrimonio pasó de $2,6 billones en 2021 a un negativo de $778.000 millones a septiembre de 2023. Las EPS que el gobierno tiene bajo su control tienen cifras graves: a septiembre acumulan un patrimonio negativo de $5 billones y pérdidas de $5,4 billones.
El problema de fondo es el cálculo de la UPC, que no se ha estimado adecuadamente por el gobierno y conduce a una falla integral del sistema. Sobre esta falla aun no se tiene un pronunciamiento de las Cortes, pero sería la salvación del sistema. Ya se han pronunciado sobre los presupuestos máximos y sobre los faltantes del proceso de “Acuerdo Final” ordenando al gobierno a hacer los pagos respectivos.
El Gobierno, en su desconocimiento y mala intención, no ha asignado los dineros debidos y no están en las cuentas de presupuesto. Ese faltante se ha traducido en enormes pérdidas en las EPS, en la reducción o desaparición de su patrimonio y en la no suficiencia de las reservas técnicas requeridas. A su vez esto se ha convertido en cuentas por pagar a los hospitales y proveedores y en la no prestación de servicios y entrega de medicamentos a los colombianos.
La decisión inevitable de las EPS es retirarse del sistema. Mantenerse significa acumular pérdidas representadas en obligaciones de pago a hospitales y proveedores cuya única fuente de pago sería el patrimonio de sus propietarios. Han esperado que una reforma los exima de la responsabilidad de pago que quedaría a cargo del Estado convirtiéndolos en gestores en un nuevo sistema que desaparece el aseguramiento y que tendría unas fallas de diseño y concepción que lo hacen totalmente inviable. Una situación compleja con una discutible salida que les permite sobrevivir.
El relato de hacer las EPS responsables no funcionó, según la encuesta de Datexco del 26 de febrero, 60% de los colombianos señalan al Gobierno como responsable de la crisis.
