Tarea para el 26: Un nuevo marco ambiental

El marco de manejo ambiental imperante se ha derivado en corrupción, extorsión, pobreza, subdesarrollo y unas profundas dinámicas de degradación ambiental resultado de las explotaciones ilícitas de los recursos naturales.

El drama que vive Chocó, capturado por el ELN es resultado de la extracción ilegal de oro y el poder económico que de esto se deriva. El país, y sobre todo Bogotá y este Gobierno, ignoran y desatienten una tragedia ambiental de dimensiones catastróficas. Es importante que se conozcan las imágenes: https://choco7dias.com/en-choco-rio-quito-tiene-grave-contaminacion-mercurial-dario-cujar-couttin/. Lo mismo ocurre en el Amazonas: https://infoamazonia.org/es/2018/12/10/amazonia-saqueada-por-la-mineria-ilegal/. Y en el Bajo Cauca Antioqueño: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/procuraduria-alerto-suspension-de-operativos-contra-mineria-ilegal-en-bajo-cauca-antioqueno.aspx.

La solución al problema, integrando a las comunidades explotadas en un proceso de desarrollo regenerativo tiene como impedimento el actual marco ambiental que terminó siendo el parapeto en el que se escudan los ilegales respaldados por una red de funcionarios y esquemas corruptos que inhabilitan una dinámica legal y sostenible de aprovechamiento de los recursos.

Hemos convertido el oro en una tragedia. Pero historias paralelas de destrucción ambiental por el marco imperante se tienen también en la explotación de coca. Las zonas de protección ambiental, reservas indígenas y campesinas son el espacio en que se han pasado en una década de 40.000 a 300.000 hectáreas. Recorrer lo que antes eran selvas en las cercanías de Mocoa y Puerto Asís muestra la incoherencia profunda de las autoridades en los últimos 12 años.

El mismo marco ambiental es el que se ha convertido en el principal causante de la amenaza de apagón que tiene el país. Una subestación de energía de alta capacidad que técnicamente toma siete meses en construirse, le está tomando a las compañías cinco años en ponerse en operación. Las líneas de transmisión requeridas por Bogotá, o por La Guajira o Buenaventura, se retardan años o simplemente se cancelan y no se hacen. En la actual situación, entran en operación menos de 50% de los proyectos de generación requerida en los próximos dos años. Las razones no son ni técnicas ni financieras. Son de gestión ambiental y comunidades.

Las comunidades se han convertido en una agente de extorsión. Porce 4 en Antioquia se canceló hace 12 años. 3000 familias fueron desplazadas por los gestores ambientales de las Farc desde otras regiones para asentarse en las zonas requeridas por el proyecto. Los costos y riesgos ambientales hicieron inviables el proyecto mientras los supuestos líderes ambientales acusaban a la empresa de no querer negociar. Lo mismo ocurrió con la nueva línea de conexión a Buenaventura. Apareció un barrio lineal exactamente en el trazado de la línea. La empresa responsable del proyecto no tuvo otra opción que cancelarlo. El costo para Buenaventura es el subdesarrollo y la pobreza.

Se pueden llenar cientos de páginas con estos casos. Cada proyecto tiene sus historias y cada comunidad sus calamidades. La Guajira está ahogada en la pobreza mientras las carreteras de conexión se han cancelado y decenas de proyectos de generación se han abandonado por las prácticas extorsivas de las comunidades.

Necesitamos dar paso a lo legal, a lo regenerativo. Se debe cambiar por completo el enfoque y tener una legislación que promueva la regeneración del medio ambiente y el desarrollo de las comunidades y el país. Un enfoque para sí hacer bien las cosas, no para impedirlas.