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*Orazio Attanasio, Cowles Professor de Economía de Yale - Carolina Murgueitio, Sub directora de Econometría
Los individuos reciben muchos mensajes: desde políticos, funcionarios y científicos, hasta de chamanes, y muchas veces no tienen los instrumentos para apropiar los mensajes ‘buenos’, especialmente si vienen desde instituciones en las que no confían.
En la pasada entrega de esta columna nos referíamos a cómo las políticas de primera infancia durante el confinamiento requieren de un apoyo sustancial de la apropiación por parte de la comunidad como trampolín para su escalabilidad. En esta oportunidad reflexionamos sobre cuatro puntos fundamentales, acerca de la necesidad de la comunidad para que unas políticas sean efectivas, no solo en el ámbito de una emergencia como la vivida durante ya casi todo el 2020 sino en épocas “normales”.
La primera reflexión se refiere a que las intervenciones no solo deben ser escalables desde el punto de vista de los costos y recursos disponibles, sino desde la difusión que se logre a través de la participación de la comunidad. Generalmente se considera a la participación comunitaria como un resultado, pero muchas veces es un medio potencialmente muy poderoso. En efecto, es un resultado y un proceso dinámico al mismo tiempo, y para que sea exitosa, los esfuerzos de participación comunitaria deben sustentarse en la solidaridad y colaboración. Ejemplos de escalabilidad a través de la participación comunitaria se han demostrado en el sector salud, por ejemplo, en intervenciones para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, el trabajo mancomunado entre profesionales de servicios sociales y promotores de salud se ha evidenciado en diferentes países.
Otro ejemplo que se ha divulgado por ONU Mujeres es la escalabilidad efectiva que se ha dado a través de grupos de mujeres y de organizaciones comunitarias que han funcionado como enlaces entre el personal de seguridad y las comunidades locales. Se han establecido mecanismos de consulta y colaboración con estos grupos que contribuyen a mejorar la respuesta de la policía a la violencia contra las mujeres, con aportes específicos de organizaciones comunitarias. Un caso de este tipo fue evidenciado, por ejemplo, por Econometría en la construcción de la línea de base de la iniciativa Spotlight en Honduras.
La segunda reflexión es que la comunidad es clave cuando las intervenciones de política buscan modificar comportamientos sociales. Las normas sociales son reglas y expectativas de cómo se deben comportar las personas para evitar conductas que aunque sean aceptadas puedan afectar negativamente a ciertos grupos poblacionales.
Tanto los factores individuales, circunstancias familiares, como los factores del entorno (movilización política, cambios económicos, leyes y políticas) influyen en cómo cambian las normas de comportamiento. Algunas normas que buscan ser cambiadas son por ejemplo relacionadas con equidad de género, la ablación femenina o el matrimonio infantil. Los factores que han ayudado a cambiar las normas entorno a este último incluyen: apoyo económico para ayudar a las niñas a asistir a la escuela, educación, medios de comunicación, campañas de concientización de gobiernos y organizaciones sobre el impacto en la salud del matrimonio infantil, alternativas para las niñas y sanciones legales, entre otros.
El objetivo final, sin embargo, para que estas intervenciones sean sostenibles, es cambiar las perspectivas individuales y las normas sociales. Econometría identificó que una intervención en Afghanistan, donde la incidencia del matrimonio infantil es muy alta, definitivamente requería de la apropiación de la comunidad para cambiar la norma ampliamente aceptada.
Un tercer punto de reflexión es que para que la comunidad pueda ejercer su poder de cambio es importante y necesario utilizar las redes preexistentes, en muchos casos vinculados a los programas sociales existentes. Un ejemplo importante, que se olvida con demasiada frecuencia, es el de la transferencia condicional de dinero. Muchos de estos programas, como Progresa/Oportunidades en México y Familias en Acción en Colombia, crearon nuevas e importantes figuras sociales en las comunidades, con el propósito de ayudar al funcionamiento del programa. Las ‘madres promotoras’ en México y las madres líderes en Colombia, en muchas situaciones se convirtieron en importantes actores reconocidos por las comunidades locales y un elemento fundamental de estos programas.
En las varias evaluaciones realizadas entre otras entidades por Econometría, se encontró que la red conformada por estas líderes ha permitido potenciar el programa de transferencias condicionadas a través de la difusión de prácticas de crianza, pautas nutricionales e incluso negocios de producción y comercialización de alimentos que han permitido generar ingresos adicionales a las familias. Otras cifras podrían incluir a las madres comunitarias del ICBF en Colombia o a los trabajadores Anganwadi en la India.
El cuarto aspecto que merece la pena destacar es cómo la comunidad puede permitir desarrollar de manera eficiente y efectiva la provisión de bienes y servicios de manera remota. A través de servicios comunitarios es posible, por ejemplo, prestar servicios de salud, educativos y de crianza a distancia. En Honduras, por ejemplo, Econometría evidenció como organizaciones de corte comunitario acompañan a familias en medio de la pandemia a llevar a cabo prácticas de crianza, seguimientos de desarrollo infantil y acompañamiento a madres gestantes. Una vez más, es importante identificar los agentes de las comunidades que pueden desempeñar este tipo de papel y utilizar sus capacidades.
El poder de la comunidad es entonces un mecanismo para lograr resultados e impactos de políticas e intervenciones ya que a través de sinergias se produce un resultado superior a la suma de los logros que cada individuo hubiese logrado por su cuenta y es allí donde la apropiación de las intervenciones logra efectividad.
