El acuerdo de punto final desde su impacto Social

El acuerdo de punto final lanzado por el Gobierno hace unas semanas ha sido criticado por su manejo contable. El artículo 237 del Plan Nacional de Desarrollo anunció el tratamiento de la deuda que el gobierno tiene con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) por los servicios prestados en el No PBS (servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud) como deuda pública que será pagada a través de operaciones de crédito público y no a través de una operación presupuestal.

Varias voces han afirmado que, en la medida en que este mecanismo no hace explícito en el presupuesto el gasto del gobierno en salud, no es el adecuado. Aunque esta crítica puede ser razonable, y más adelante volvemos a este punto, es necesario analizar esta decisión desde un impacto positivo que puede ser incluso más importante. El pago de esta deuda debe verse reflejado en un mejor servicio, cuestión que los usuarios del sistema reclaman todos los días. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) han aguantado la presión de una deuda del Estado con las IPS, y aunque puede haber una responsabilidad de parte y parte, esta presión en muchas ocasiones se ha visto reflejada en la disminución de la calidad de los servicios que prestan las IPS a los usuarios, y en algunos casos en el cierre de los mismos.

Aunque es claro que las EPS tienen como su principal responsabilidad administrar el riesgo en salud y garantizar el mejor servicio a sus afiliados, un faltante de varios billones de pesos dificulta esta labor.

El sistema está diseñado para que el Plan de Beneficios de Salud (PBS, antes llamado Plan Obligatorio de Salud, o POS) sea sostenible, y, de hecho, de acuerdo con datos del gobierno, en 2018 se pagó 99% de este plan. Sin embargo, la deuda del No PBS se ha venido acumulando en un promedio anual cercano a los $570.000 millones, para un total de casi $7,5 billones entre 2006 y 2013, de los cuales $5,29 billones son del Régimen Contributivo y $1,45 billones del Subsidiado, cifras del Gobierno que de todas maneras tanto EPS como IPS ven baja.

Aunque es necesario un trabajo de conciliación de estas cifras, que el Gobierno esté dispuesto a pagar una gran suma genera un alivio financiero en el sistema de salud que debe reflejarse en una mejor atención a los usuarios. Los acuerdos de pago deberían condicionarse a este resultado y el Gobierno debería verificar su cumplimiento. De esta manera los actores más importantes del sistema, los usuarios, se benefician, y con esta acción el gobierno logra un impacto social significativo.

Hasta ahora se ha pagado cerca de 10% de este gran total, $736.000 millones de pesos, de los cuales la mayoría, $514.000 millones, se dedicaron a la deuda de Caprecom. Las proyecciones del Gobierno muestran que los recursos llegarán a 1.361 IPS (50,84%) y hospitales públicos (49,16%) de todo el país. Entre los más beneficiados se encuentran el Hospital Departamental de Villavicencio, el Hospital Universitario del Valle ‘Evaristo García’, el Hospital Universitario Erasmo Meoz, de Cúcuta, y el Hospital Universitario La Samaritana, de Bogotá. Pero todas las IPS y hospitales deberían mejorar sustancialmente sus servicios en pro del usuario, y el Gobierno debería hacer seguimiento.

Por su parte, otras voces han dicho que el pago de la deuda no es suficiente. Sin profundas reformas al sistema, parte de ellas controlando el gasto, en unos años se llegaría a la misma situación de iliquidez. Los últimos intentos de controlar el gasto en el No PBS, por ejemplo a través de Mipres (o Mi Prescripción, mecanismo a través del cual el Ministerio de Salud hace explícitos y transparentes los reportes de los profesionales de salud de los servicios o tecnologías que no son cubiertos por el plan obligatorio), no han dado los frutos esperados. Por eso, nuevas iniciativas del Gobierno, como los techos o los presupuestos y valores máximos de recobro -VMR- así como la continuación de políticas exitosas como la farmacéutica, son bienvenidas y pueden resultar en efectos más importantes que el mismo pago de la deuda en la medida en que controlen el gasto y no afecten la calidad del servicio. Es necesario evitar el desangre financiero del sistema, desangre que en últimas, se ve reflejado en calidad. Y si se controla el gasto, el manejo contable de la deuda actual propuesto puede ser más adecuado.

Ahora bien, el sistema de salud colombiano tiene muchas bondades que pocos reconocemos. Más de 95% de los colombianos están afiliados, el gasto de bolsillo de los colombianos en salud representa 16% del gasto total, siendo el segundo menor gasto en América Latina después de Cuba. En países como Ecuador, México, Chile, y Perú, este gasto está por encima de 30%. Y parte de este desconocimiento hace que de una u otra manera todos los actores abusemos del sistema. Una buena estrategia de comunicación del Gobierno, explicando las reformas, partiendo de lo construido, y haciendo entender que las políticas de salud son de Estado y no de un Gobierno, pueden ayudar a que tengamos cada vez más un mejor sistema de salud.