Espacio público y planes de desarrollo

En estos primeros días de gobiernos locales, han tenido visibilidad de noticias como las medidas contra la explotación sexual en el centro de Cartagena; operativos en Chía contra Andrés Carne de Res por ocupar el espacio público con mesas y sillas; anuncios de Medellín para prohibir el consumo de sustancias psicoactivas en parques; limpieza de andenes, fachadas y monumentos del alcalde de Bogotá y su equipo en el centro de Bogotá.

¿Qué tienen en común estas acciones? Que se desarrollan en los espacios públicos de las ciudades y que son percibidos positivamente por los medios y la ciudadanía. Si bien, estos ejercicios pueden efectistas y algunos posiblemente no tengan sostenibilidad, son señales de la diversidad de situaciones que pueden ser gestionadas mediante la apropiación del espacio público como territorio de gobierno.
La seguridad, la congestión, la contaminación, la discriminación, la salubridad, el turismo, la conectividad, la informalidad, el cambio climático, la memoria colectiva, son entre otros, retos a los que se enfrentan ciudades y que se manifiestan en el espacio público y uno de los aspectos que los próximos planes de desarrollo pueden incorporar en su formulación y plan de inversiones.

El espacio público está definido por la Ley 9 de 1989 y la Constitución Política Nacional les confiere una condición jurídica prevalente frente a otros tipos de lugares. Además de diferentes leyes que lo regulan en aspectos como convivencia, movilidad, ambiente y urbanismo, existe una política nacional -que merece ser revisada y actualizada en su integridad- adoptada por el Conpes 3718 de 2012. Esta política establece como principal problema del espacio público, el déficit cuantitativo, que se determina teniendo como referencia un estándar de 15 m2 por habitante, de los cuales, solo disponíamos para 2012, 4 m2; rezago que al día de hoy se mantiene prácticamente igual a pesar de notables proyectos, planes e inversiones.

Las entidades territoriales llevan décadas enfrentando el reto de cumplir un estándar imposible de cumplir, mientras que las carencias de espacio público accesible, seguro y sostenible persisten en toda la geografía nacional. Un estudio realizado por Econometría Consultores para el Departamento Nacional de Planeación en 2021 para caracterizar las áreas centrales urbanas de cerca de 700, reveló que el aspecto con menor calidad de los centros urbanos era su espacio público comparado con otros aspectos como calidad ambiental, servicios públicos, seguridad, estado de las edificaciones, seguridad e infraestructura vial.El mismo estudio consultó a las oficinas de planeación local sobre la intensidad del uso de los espacios públicos por sus habitantes y la mayoría de los municipios consultados reportan que tienen una altísima intensidad de uso de sus espacios públicos centrales.

De lo anterior, se puede concluir que hay alta demanda social y oferta de baja calidad en la mayoría de los municipios del país.

Esta conclusión conlleva un reto y una oportunidad: se necesita espacio público, pero no necesariamente su producción debe obedecer a una contabilidad de metros cuadrados construidos.
El espacio público es un bien colectivo, no una obra de infraestructura. Esto significa que su concepción, estructuración y ejecución, demanda vincularse a estrategias asociadas a problemas transversales como la resiliencia, seguridad, sostenibilidad, productividad, inclusión o accesibilidad; aspectos que no definen los diseñadores o constructores de infraestructura exclusivamente, sino en forma integrada con los sectores de ambiente, convivencia, desarrollo económico, cultura o bienestar social de cada municipio.

Desde la elección popular de alcaldes se han dado variedad de enfoques, que abordan la gestión del espacio público desde diferentes aproximaciones y que ofrecen un repertorio de lecciones y aprendizajes:

La competitividad urbana, definida desde los planes estratégicos en la década de los noventa, impulsadas por Cámaras de Comercio y gremios de comerciantes (Planes de choque en Plazas de San Victorino, Pereira, Bucaramanga, Barranquilla; O los ejercicios de transformación cultural desarrollados por estrategias lúdicas, pedagógicas de Cultura Ciudadana; O la recuperación y transformación de contextos orientadas por la teoría de las ventanas rotas (Wilson y George Kelling) cuya hipótesis es que el entorno controlado y ordenado previene la delincuencia; O proyectos de revitalización mediante peatonalizaciones con amenidades comerciales y paisajísticas (Pasto, Cali y Armenia).

O procesos de mejoramiento integral y articulación de la ciudad formal e informal mediante proyectos urbanos integrales (urbanismo social en Medellín u obras con saldo pedagógico en Bogotá)
La reciente emergencia sanitaria causada por el covid, los efectos contundentes del cambio climático en islas de calor, inundaciones e incendios, además de las protestas sociales en espacios públicos y parques; dan pistas sobre los retos para las nuevas agendas urbanas. Una visión inteligente del territorio sugiere que el espacio público ofrece oportunidades de innovación si las decisiones de planeación de cada territorio, deciden incorporar conceptos como el urbanismo del cuidado, el urbanismo de proximidad, el restablecimiento del ciclo del agua, el aprovechamiento económico de los espacios públicos y la gestión compartida con comerciantes y comunidades.

Poner el espacio público en los planes de desarrollo con seguridad es la mejor inversión que los gobiernos locales pueden hacer por las personas, la economía y el ambiente de sus territorios.

Leonel Miranda Ruiz - Consultor Externo Econometría Consultores