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La consigna “siga el dinero” se hizo célebre en la película: Los Hombres del Presidente, que recreó la historia de los periodistas estadounidenses Woodward y Bernstein que destaparon el escándalo Watergate. La frase cobra vigencia en la coyuntura electoral de nuestro país, de cara a las elecciones del domingo, por los ríos de dinero que se están gastando y que hay necesidad de rastrear para entender los orígenes de la corrupción.
En Colombia, desde 1994 el país trata de financiar partidos políticos y candidatos, para hacer frente a la corrupción electoral y al narcotráfico que se tomó por asalto la política.
Consecuencialmente, se destinan partidas importantes para la financiación de los partidos y de los candidatos a los cargos de elección popular. En el año 2014 se fijó un aporte de $31.935 millones para gastos de funcionamiento de los partidos; cuantía significativa, convertida en fuente de rebatiña que poco aporta al fortalecimiento de la democracia.
Para el fondo de reposición de gastos, de la elección parlamentaria, se destinaron $86.007 millones, valor que produce hilaridad en los congresistas elegidos; y para este año, el Consejo Nacional Electoral fijó en $3.012 el valor de reposición para cada voto por Gobernador y en $1.815 para Alcalde.
La reposición por votos válidos para la gobernación del Valle, por ejemplo, suponiendo una votación de un millón quinientos mil votos, puede ascender a $4.500 millones y el tope de gastos para cada candidato es de $3.456 millones. Estas cifras nada tienen que ver con la realidad. Cualquier candidato a la gobernación de un departamento más pequeño, gasta esa cifra. Para Antioquia, Atlántico, Cundinamarca y Santander, los topes son similares, pero los políticos y los candidatos saben que esas cifras están muy lejos de los costos reales.
No hay consenso sobre los costos de las campañas. El analista León Valencia llegó a afirmar que hay gobernaciones que cuestan más de US$5 millones. No hay ninguna base o método que permita aventurar cálculo alguno; basta observar lo que ocurre en cualquier región, en materia de gastos electorales, para concluir que vivimos una farsa, y que los políticos y la sociedad asumen una posición hipócrita, por costumbre, por complicidad o por impotencia.
El problema de fondo, como lo define la sabiduría popular, es que “del cuero salen las correas” y entonces el costo de las campañas, es la causa de la corrupción y el tráfico de influencias que generan esa avalancha de carruseles perversos en la contratación de obras, servicios públicos y atención a la salud.
Para nadie es un secreto la lucha que se libra en las administraciones regionales y locales para obtener las Secretarias de Salud, las IPS y los hospitales. Las contrataciones para suministro de medicamentos son la joya de la corona. Aterran las gigantescas fortunas que nacen de la noche a la mañana al amparo de estos negocios.
¿Qué hacer frente a este nuevo fenómeno corruptor que corroe la descentralización y amenaza la democracia nacional y local?
La clase política es consciente de lo que está pasando pero no tiene interés en la revisión profunda del tema. Terminada esta feria de dinero que escandaliza por lo exorbitante y descarada, el país debe avocar el debate, seguir la pista del dinero que se invierte en las campañas, encontrar a los dueños de la financiación que finalmente son los dueños de la contratación pública, y cortar el mal de raíz, antes de que sea demasiado tarde.
