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En el marco la coyuntura política convulsionada que vivimos a lo largo y ancho de Colombia, en la que un movimiento prolongado de estudiantes reclaman más recursos para las universidades públicas, la ciudadanía rechaza de manera contundente la propuesta de financiar el presupuesto nacional con más carga tributaria a la canasta familiar, y el ELN insiste en la guerra, se propone una Asamblea Nacional Constituyente.
Momento este en que la Ley de Regiones, impulsada por la ciudadanía de los territorios periféricos, apoyada por parlamentarios y gobernadores que comparten la necesidad de estructurar regiones autónomas para reducir las inequidades, encuentra resistencia en el Ministerio de Hacienda que insiste en mantener la estructura centralista de la administración pública lo que priva a los territorios de administrar sus recursos.
En medio de estos sucesos, naufragan en el Parlamento las propuestas de la ciudadanía de adoptar instrumentos constitucionales de anticorrupción y, en paralelo, en el mismo Congreso, se hace conciencia de que no es posible en su escenario reformar la administración de justicia, luego entonces, en consonancia con la Constitución Política vigente, el presidente del Parlamento, Ernesto Macías, propone la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
Él es el máximo representante de uno de los poderes públicos, sumemos a esto que es cabeza visible de un partido político con fuerza parlamentaria que ganó la Presidencia de la República. Por tanto, la propuesta tiene que ser examinada.
¿Asamblea Constituyente para qué? Para elaborar una Constitución y ponerla a consideración de la ciudadanía para que la apruebe o no. Sería la respuesta de un demócrata porque la soberanía reside en la ciudadanía, no en otra parte.
Ya es hora de que Colombia tenga una Constitución Política emanada de la ciudadanía. En la historia nacional no existe una Carta Magna que haya sido aprobada así, ni siquiera la de 1991 de la que fui constituyente y que fue votada por la ciudadanía. No debemos olvidar que esa Constituyente se declaró omnipotente y soberana. Esto no debe repetirse, el único omnipotente es Dios.
Ningún poder político es omnipotente, siempre es limitado por el derecho y los derechos humanos. Tocqueville, ilustre pensador francés, en ‘La democracia en América’, dice: “La omnipotencia me parece en sí una cosa mala y peligrosa. Su ejercicio me parece superior a las fuerzas del hombre, quienquiera que sea, y no veo si no a Dios que pueda sin peligro ser todopoderoso, porque su sabiduría y su justicia son siempre iguales a su poder”.
Esto implica que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente tiene que nacer de un gran acuerdo nacional. Una Constitución tiene que reflejar pluralismo y tolerancia. Se requiere consenso. Una Constitución no es el resultado de la imposición de una mayoría de políticos. Tiene que ser el fruto apetecido del consenso plural de los partidos y movimientos, de toda la ciudadanía. Más de 40 reformas constitucionales realizadas, enseñan que la convocatoria es necesaria.
Es prioritaria la construcción de una Constitución rígida en un Estado Constitucional de Derecho. Sin duda, el modelo de estado legislativo de derecho fracasó y la centralización no está ajustada a la vida política de una sociedad globalizada. Colombia necesita superar el modelo de Estado centralista de fuerte y omnipresente poder presidencialista. Hay que hacerlo poco a poco, en un consenso plural. Esa es tarea de todos.
