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Es incuestionable que, desde lo razonable, no se puede reducir la democracia a un sistema político en el que la mayoría lo decide todo.
La democracia no se reduce a la aplicación sistemática de la regla de la mayoría, por el Parlamento o por el resto de las instituciones representativas del poder público, la democracia son reglas de juego para la administración de la cosa pública.
Las reglas de la democracia son de naturaleza formal y material para la garantía y realización de las libertades y derechos de las personas. La democracia es, por tanto, instituciones políticas y jurídicas que organizan el poder público, señalan cómo debe accederse al mismo, cómo debe ejercerse, conservarse, en qué tiempo y en qué espacio del territorio de un país.
La democracia, por consiguiente, establece límites a las autoridades y a los ciudadanos. La democracia basa su poder en obligar a que todo poder sea limitado: en las atribuciones de las autoridades estatales, el período de su ejercicio, la manera cómo debe ejercerse el poder y el respeto a los derechos de las minorías. La alternación en el poder político es una de las características esenciales de la democracia.
Es por este motivo que la democracia son reglas de juego, por lo que en una actuación constituyente del Parlamento, la sociedad civil tiene que estar alerta y deliberar en el más amplio escenario.
La reforma constitucional ha tenido un trámite accidentado en el Congreso, y carece de arraigo. Temas importantes no han pasado. Un proceso constituyente no puede reducirse a un pacto entre un grupo mayoritario de partidos que respaldan un gobierno; debe ser el resultado de un consenso más amplio.
La reforma constitucional trataba entre otros temas: eliminar la reelección presidencial y de altos funcionarios, reformar el “equilibrio de poderes”, crear un tribunal de aforados, conformar un Senado que garantice la representación regional y unificar los períodos electorales de todos los representantes que tienen origen en el voto popular.
Sectores de opinión lo consideraron inconveniente porque pretende que un bloque de partidos retorne a un modelo bipartidista que la nación ya superó y que en su momento fue caldo de cultivo de la violencia política que se trata dejar atrás en este momento de diálogos de paz.
Una sociedad civil que ve en el pluralismo político una alternativa de convivencia e inclusión, que sabe por sufrimiento y violencia que el bipartidismo y la exclusión no pueden repetirse, no legitimará un modelo que pretenda crear las condiciones para el resurgimiento del bipartidismo.
Asimismo, la enseñanza de 1991 fue que una Carta Política debe nacer de la más amplia deliberación, más en un proceso de diálogos para superar el degradado conflicto armado.
La propuesta de prolongación del período de los actuales gobernadores y alcaldes va en contra vía del pronunciamiento ciudadano que indicó que la elección de los mandatarios será por cuatro años. Decisión que no puede cambiar el Congreso con un proceso electoral ya en marcha y que desconoce el origen mismo del poder político.
Una reforma constitucional expedida por el Parlamento en la que se apruebe la prolongación del período de alcaldes y gobernadores equivale a remplazar a toda la nación por un grupo de parlamentarios. Un grupo de ellos y ellas ha rechazado esta propuesta.
Sin embargo, como quiera que no es de conocimiento público lo que se tramita en la reforma constitucional por parte de un bloque de partidos en el poder, la ciudadanía tiene que exigir que esa reforma de unificación de períodos sea realizada en una Asamblea Nacional Constituyente.
El país requiere de una re-ingeniería constitucional y este es el órgano democrático para realizarla.
