Afirmar que la democracia es la fuente de los gobiernos democráticos parecería de perogrullo, pero lo cierto es que nos ubica en un régimen político en que los gobernantes tienen que ser responsables de las políticas que implementan. Políticas que, a su vez, deben estar alineadas a los programas que ofrecieron en los procesos electorales.
La regla de oro de la democracia moderna es que el gobierno tiene que cumplir con la palabra empeñada a sus electores. El programa ofrecido a los ciudadanos debe ejecutarse por el gobierno elegido.
La democracia moderna nace con el Estado de Derecho bajo la idea política y jurídica de la filosofía contractualista. El fundamento de la democracia y del Estado de Derecho es que entre la ciudadanía y el gobernante se suscribe un contrato político que debe ser cumplido de buena fe por el mandatario: ‘Pacta sunt servanda’, lo pactado se cumple.
De no cumplir o intentar realizar lo anunciado en el programa electoral, los gobiernos, progresivamente, sentirán el peso de la culpa, y la ciudadanía que lo invistió de poder y de legitimidad se considerará defraudada. Cumplir es un deber ético y político.
En “El Príncipe”, Maquiavelo enseña: “(…) El príncipe, por lo tanto, ni puede ni debe cumplir la palabra dada si eso le perjudica y si desaparecieron los motivos de su promesa. Si todos los hombres fueran honestos, este principio no sería válido, pero como son perversos y no mantienen lo que prometen, tampoco uno debe mantenerlo”.
Este punto de vista es el de un consejero de un príncipe en el Renacimiento florentino. No había nacido el Estado de Derecho ni se había universalizado la idea de que la democracia era la fuente del poder. Este punto de vista, propio de la política maquiavélica, no es de recibo en la actualidad. La política moderna se fundamenta en la ética o debe fundarse en ésta.
Todo gobierno debe cumplir lo prometido. El Presidente Juan Manuel Santos pareciera que ha seguido al pie de la letra las lecciones que Maquiavelo les ofrecía a los príncipes de su época. Los paros generalizados a lo largo y ancho del país y su baja popularidad en las encuestas confirman que seguir las lecciones de Maquiavelo en los Estados modernos no es aceptado por la ciudadanía. De hecho, es rechazada.
Por ejemplo, el Voto Caribe unificó a la región Caribe bajo un propósito unánime: reformar la Carta Política para que se introdujera el modelo político de las autonomías regionales en el país.
La región Caribe votó por su autonomía política y administrativa para autogobernarse dentro del Estado de la República. Ésta decisión ciudadana debe ser acatada.
El entonces candidato a la Presidencia de la República, Juan Manuel Santos se comprometió, públicamente, con la región Caribe a impulsar las transformaciones necesarias para que la Región lograra su anhelada autonomía que le permitiría salir de la miseria, el atraso, la politiquería y la exclusión. ¿Cumplió la promesa?
No solo no la cumplió sino que su gobierno se ha convertido en el más centralista de la historia de Colombia. Ejemplo de ello, las regalías. Las concentró e hizo una reforma constitucional para debilitar aún más a las regiones e impulsó una reforma electoral que impone la tiranía de la mayoría. La ley de organización territorial es una burla a la autonomía, al Voto de la región Caribe, de allí que se entienda los punzantes paros y el descalabro en su popularidad. Seguiremos el curso de su historia.
