Premio a la ineficiencia

Las tarifas eléctricas que se aplican actualmente, autorizadas por el gobierno Central, premian la ineficiencia en el manejo de las pérdidas eléctricas.

El esquema tiene un error conceptual. Es contrario al que se usaba antes, cuando las pérdidas técnicas eran 8% en Bolívar y 12% en Atlántico. La meta de una tarifa justa será imposible, porque ahora las pérdidas se le cargan al usuario, y el paganini es el pueblo.

En la práctica se acaba la responsabilidad del sistema eléctrico de disminuir las pérdidas de energía. Antes, era la meta principal de las gerencias de las Electrificadoras del Caribe. En los años 80 la FEN definió donde estaban los robos y las pérdidas técnicas de energía. Responsabilizó de su corrección a las mismas Electrificadoras. Con la privatización se cambia de enfoque y se exonera a Aire y Afinia de controlar las pérdidas. Las cargan vía tarifas a los usuarios.

Las pérdidas técnicas aceptables son un 12%, las empresas más eficientes tienen 8%. Las pérdidas por clientes dispersos en estratos bajos son de difícil manejo. Se requieren modernas tecnologías con software de control de los balances de energía que identifican la ubicación de las pérdidas. Se requiere además, invertir para controlar los robos modernizando las redes y su medición.

Lo extraño es el cobro retroactivo a los usuarios de pérdidas de energía, un impuesto disfrazado creado por la Creg solo para el Caribe. Por eso se han disparado las tarifas. Por eso la protesta de los alcaldes encabezados por Jaime Pumarejo.

Lo injusto es la diferencia que se cobra por las pérdidas en el país. En el Caribe Air-e cobra por las pérdidas $ 247,23 Kw/h. En cambio en Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga se cobra $50 Kw/h. O sea, 5 veces el promedio del resto del país. Y a más altas tarifas más robos. Es ineficaz e injusto.

Lo correcto es mediciones más eficaces, con herramientas penales para controlar las pérdidas. En 10 años subieron de 27% a un 32%, por falta de gestión empresarial. Las inversiones ahora las pagan los usuarios vía tarifa y no lo aportan los operadores. No les duelen y no responden por ellas.

La energía eléctrica ahora es un negocio familiar que no va a perder, y no obedece los criterios de la Ley 142 del 94 fruto de la Constituyente, que impide que la ineficiencia se traslade a los usuarios. Es inconstitucional.

Lo inteligente es conectar vía internet a los centros de control a cada usuario, cada tramo de la red, cada transformador para tomar decisiones rápidas. Pero no tienen ese interés, porque recuperan las perdidas vía tarifa. Se trepan las tarifas a los industriales y los sacan de competencia en el mercado internacional. Sus procesos productivos tienen un alto componente de energía. Pagan más por pérdidas que por consumo, y requieren un servicio sostenible, económico y confiable.

En enero del 2020 la Creg maquilló las Electrificadoras del Caribe para venderlas. Como la dificultad para su mejor presentación eran las pérdidas, aceptó que pudieran cobrarlas de manera retroactiva. Insólito y sin control. Incluyen las pérdidas técnicas y los robos como parte de las tarifas y se lo cobran a los usuarios. Se exonera a las empresas de una responsabilidad que siempre tuvieron. La Creg lo aprobó para venderlas.

Como el pueblo lo paga no hay interesados en corregirlo. Antes había una gestión permanente en función de bajar las pérdidas. Ahora se premia la ineficiencia. No hay necesidad de arreglar las fugas y las pérdidas porque ya hay a quien cobrárselas: al pueblo. Y en Agosto vienen más alzas.