Regiones alineadas al ‘fast track’

La atención general del país se focaliza en recoger los frutos sembrados durante el Proceso de Paz. Ya se puedan ver los resultados del fin del conflicto y su impacto en la economía, ya se pueden ver los guerrilleros de las Farc en proceso de desmovilización definitiva al entrar en las zonas veredales pactadas. Y lo de más impacto: cero heridos de guerra en hospitales.

Sigue la incertidumbre de las cifras que no cuadran entre 6.500 desmovilizados y los 17.000 guerrilleros milicianos anunciados. También hay que resaltar el inicio de diálogos con ELN.

Qué bien que nos haya tocado vivir dos eventos que cambiarán la historia del país: la Constituyente del 91y ahora el Proceso de Paz. Sin embargo, no ha habido voluntad política para una verdadera transformación del esquema de Ordenamiento Territorial del país y, por tanto, es absolutamente necesario abrir un nuevo camino.

En la más reciente cumbre de gobernadores (as), en Cali, conversamos con la Presidencia de la República sobre las medidas que se pactaron durante el Proceso de Paz y que debe ser tramitada vía ‘fast track’. 

El país sigue polarizado: un extremo ha dado paso al pesimismo contra los avances en la política de paz y el otro extremo ha reconocido la realidad del proceso de paz, la justicia y la democracia. Lo importante es saber qué es lo mejor para el país y pasar efectivamente del papel a la acción con resultados. Solamente la acción colectiva cambiará el rumbo del país.

Las reformas constitucionales que se tramitan vía ‘fast track’ tienen que permitir que el pueblo sea el más beneficiado. Es el momento de consolidar una verdadera descentralización para construir una paz territorial sólida que fortalezca la gobernabilidad. 

En este sentido, la descentralización debe ser verdadera, no disfuncional como ha sido hasta ahora ya que se asignan más competencias que descentralizan las responsabilidades del Estado Central, pero no se asignan los recursos al nivel local para su cumplimiento, lo que ha llevado a un trauma en los departamentos.

Se ve, al Gobierno Nacional y a Bogotá como su centro de operaciones cada vez más lejos de la Colombia regional, “Si no llueve en Bogotá no hay invierno en el país”. 

La corrupción ha servido de pretexto para no avanzar en una descentralización real. Es cierto que debe haber una agenda política para detener la corrupción, pero, sin interrumpir los procesos de paz y de descentralización, es un distractor atribuir la grave corrupción solo al nivel local. Resuelto el tema de la paz, la corrupción queda al rojo vivo como el asunto que tenemos que atacar en todos los niveles. 

Ganar la paz y continuar la corrupción en el país no permite avanzar. Se necesita más gerencia, más Estado, más medios de comunicación contra la corrupción. La verdadera gerencia contra la corrupción debe ser asumida por las entidades de auditoría, la Fiscalía, la Procuraduría deben inspirar respeto, no miedo, deben utilizar métodos modernos y sistematizados que no permitan que el 87 % de los contratos se hagan de manera directa, sin convocatoria pública.

Se utilizarán las facultades del ‘fast track’ para un mayor desarrollo de regalías y para disponer de más recursos. Un gran porcentaje de regalías para ciencias y tecnologías está sin ejecutar y ahora se debe descongelar para construir infraestructura, especialmente, en vías terciarias y secundarias.

Debe abrirse el espacio del Estado Regional, allí está la respuesta a la equidad que urge en el país.