Repensando la universidad pública

Un hecho notorio es que los esfuerzos por ubicar a la universidad pública del país en el contexto universal de alta calidad no se han logrado, ni siquiera, en  el contexto del continente americano. 

Esta situación invita a repensar el proyecto educativo público con la intervención de la comunidad académica, a fin de encontrar una alternativa a corto plazo. Repensar es deliberar en el espacio público acerca del tema.

Lo primero es lo primero. Y es preguntarse por el modelo de organización de la universidad pública y si este modelo es el adecuado para que se logre el nivel de acreditación científica y humanista que los tiempos de globalización requieren. 

La universidad pública tiene que ser el soporte para el desarrollo de toda la sociedad en materia de investigación. La universidad pública es la cuna de la democracia.

Sin investigación científica que tenga como centro la academia, en particular la academia de la universidad pública, no es posible la producción de conocimientos y la generación del nivel de ciencia que necesita la industria y la cultura nacional y mundial. 

Con la investigación en la universidad pública es posible tener las herramientas para contribuir a la superación de la tremenda desigualdad que vive la nación. La investigación en la universidad pública tiene que ir de la mano de la industria y toda la sociedad, pero para ello, el modelo institucional necesariamente tiene que ser revisado. 

Hay que reconocer el peso que tienen las instituciones en el desarrollo o el atraso de un país. Así mismo, hay que reconocer el peso que tienen las instituciones en el desarrollo o atraso en el modelo de la universidad pública, por lo que una deliberación acerca del modelo está al orden del día. 

La universidad pública tiene que ser autónoma, de lo contrario no es la universidad que se necesita para ser de alta calidad.

¿Será que el actual modelo de universidad pública auspicia la autonomía? Autonomía es libertad. Libertad para autogobernarse. En el caso de las universidades, libertad para la enseñanza, la cátedra y la investigación. 

La revisión de la ley 30 de 1992, en particular, del artículo 64 que señala como debe estar integrado el Consejo Superior de las Universidades Públicas, llama la atención porque es idéntico para todo el país. Esto desconoce la realidad de las diferencias regionales y locales de un país tan diverso y multicultural como el nuestro. 

Tratar igual lo diferente es un tratamiento injusto, promueve la desigualdad por sí  mismo, lo enseño Aristóteles en la antigua Grecia. Los grupos sociales distintos deben tener el reconocimiento en el modelo organizacional para decidir lo de ellos.

Es el primer defecto del modelo. En la práctica se anula la autonomía, en particular, porque la presencia del poder central en el cuerpo del órgano directivo somete a la universidad a los dictados del poder presidencialista  de turno y de sus políticas académicas e investigativas. Sin libertad no es posible que la producción científica logre los estándares de calidad requeridos. La libertad se edifica en el respeto de la libertad de lo diferente.

El modelo no permite la libertad y la autonomía de la universidad pública. Independiente de que la Carta Política hable de autonomía de origen constitucional, el modelo no es autonomista. Por otra parte, el mismo poder central ordena, vigila, controla, sanciona y financia la  universidad pública. El poder central es omnipresente en la universidad pública ¿La autonomía? Hasta ahora es una ilusión. Deliberemos, ya.