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Como dijimos anteriormente, existen varias problemáticas que hoy aquejan la rama judicial, verbi gratia la corrupción, la casi nula eficiencia y eficacia a la hora de administrar justicia, el mal trato a los funcionarios y los problemas en su salud mental, la politiquería, la politización de la justicia y judicialización de la política que han hecho perder la confianza ciudadana en el sistema judicial.
¿Pero qué hacer?
Pues bien, quiero hoy reflexionar sobre algunas alternativas que nos permitirían cambiar la justicia en Colombia y recuperar la majestad que se ha visto disminuida por los escándalos y su lejanía con los ciudadanos.
Lo primero es acabar con la corrupción y para ello necesitamos un expediente digital, ágil, con la más alta tecnología, que nos permita acceder a la ciberseguridad para la protección de los datos e información con transparencia y así garantizar los derechos de todos los ciudadanos en su acceso a la justicia.
El país necesita hoy más que nunca dar un gran debate sobre la justicia del futuro, que este sintonizada con la ciudadanía, sin tanto procedimiento, con muchas garantías y ante todo que ofrezca satisfacción al ciudadano. Por esto he hablado del “Change the Mindset” o cambio de mentalidad. Los abogados del futuro tenemos que reinventarnos y adecuarnos a las nuevas tecnologías y a prestar un servicio de justicia con la nueva mentalidad ciudadana. Es decir, “o cambiamos o nos cambian”.
¿Qué debates se deben dar en la reforma Constitucional? En mi criterio, se debe trabajar para descongestionar los juzgados, desconcentrando algunas facultades específicas y jurisdiccionales en los notarios, los centros de conciliación y los tribunales de arbitramento. También, se debe entender que, los jueces deben tener vocación de juez o magistrado, por lo tanto, no deben inmiscuirse en política, ni se deben permitir las puertas giratorias, en las que luego de ser magistrado, se utilicen sus sentencias para hacer politiquería.
Para enfrentar la corrupción necesitamos de la obligatoriedad del precedente judicial, pues no se entiende por qué un juez de Nariño falla diferente a uno de Magdalena en casos similares. Se tiene que exigir la aplicación del precedente judicial en todas las jurisdicciones, para que el ciudadano sienta la satisfacción de que vía jurisprudencia puede acceder a sus derechos y se fortalezca la seguridad jurídica.
La elección de magistrados sin duda será uno de los temas a debatir, y creo que el concurso de méritos por oposición permite dar una discusión amplia sobre quien va acceder a una magistratura, sus tesis, sus posturas académicas, sus libros y una vez surta toda la oposición de sus propios compañeros, lo postulen en una terna, donde la corte decida quién es el que, por su trayectoria profesional, hoja de vida y postura jurídica debe ostentar tan alto cargo, todo esto acompañado de la ampliación de la magistratura a 12 años, las presidencias de la corporación a un mínimo de dos años y que estas votaciones tengan un tiempo perentorio, con votación publica y nominal a la hora de elegir.
No creo que se deba llegar a “viejo” para ser magistrado, con la experiencia establecida de 15 años se puede reconocer quien es bueno y quien no, más en nuestra coyuntura, cuando tenemos Presidente, Contralor, Registrador y una nueva generación de congresista jóvenes.
Para todo esto, se necesitan recursos económicos y la disposición de por lo menos dos puntos porcentuales del Presupuesto General de la Nación.
