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El gobierno de Petro ha insistido en su apoyo a los pequeños negocios bajo el concepto de “economía popular”, promoviendo esta narrativa que se ha quedado en promesas. Aunque el Plan Nacional de Desarrollo incluye políticas y programas para impulsarla, cada ministerio la interpreta a su manera, y la ejecución ha sido mínima.
Mientras se elogian las formas de producción informales y de subsistencia, se hostiga a los sectores productivos que generan empleo formal y sostienen la economía. El gobierno ha promovido un discurso antiempresa y un evidente desdén por el sector privado, como si desarrollar una actividad formal o que una empresa tuviera ánimo de lucro fuera algo reprochable. Todo lo que no encaja en su visión es tildado de “neoliberal”, y ha calificado a las empresas como “mafias”, “oligarquías” y “burguesía parasitaria”.
Uno de los primeros sectores afectados fue el minero-energético, donde se intentó acelerar una transición energética sin planificación, contribuyendo a la escasez de gas. En el sector eléctrico, las restricciones y el incumplimiento de pagos han generado una crisis que reaviva el fantasma de un apagón.
En infraestructura, se ha atacado el modelo de concesiones privadas y el esquema de peajes sin proponer alternativas, frenando el desarrollo vial. En salud, la intervención de las EPS, tildadas de “intermediarios financieros”, y la reducción del financiamiento de la UPC han desatado la crisis que afecta a millones de colombianos. El gobierno también ha acusado a los fondos privados de pensión de “especular con los ahorros” para impulsar su reforma pensional y ha calificado a las empresas de “explotadoras” para justificar su reforma laboral.
Este ambiente hostil ha desincentivado la inversión. Palabras como formalidad, productividad e innovación parecen ausentes del discurso oficial. En su lugar, el Gobierno ha atacado sectores estratégicos, asfixiado los mercados con medidas erráticas y generando incertidumbre, para luego justificar la intervención estatal y una eventual estatización.
La incertidumbre regulatoria ha afectado el crecimiento y el bienestar social del país. Colombia crece por debajo de su potencial y no responde a los retos sociales que enfrenta. ¿Quién invertiría a largo plazo en este escenario? ¿Quién crearía empresa cuando cualquier sector puede convertirse en el próximo blanco del Gobierno?
A pesar de la incertidumbre, las empresas siguen apostando por el país. La narrativa antiempresa es injusta, pues desconoce su papel en el desarrollo y omite que la pobreza se combate con oportunidades, algo que solo se logra con más y mejores empresas. Según Confecámaras, en 2024 un 45% de las nuevas empresas generaron al menos un empleo. Además de crear trabajo, financian el gasto público, invierten directamente y mejoran la provisión de bienes y servicios en los territorios.
Es urgente cambiar de rumbo y reconocer el papel de la empresa en la creación de valor. La mejor política social no es el asistencialismo ni el control estatal, sino el desarrollo productivo. Defender la propiedad privada, la libre empresa y el libre mercado no es ideología, sino una necesidad para el progreso de Colombia.
