Debajo de la alfombra

En el recorrido que iniciamos el 24 de octubre del año pasado para construir el proyecto de estatuto del trabajo que presentaremos al Congreso a mediados del mes de marzo, hemos recibido más de 3.000 propuestas en encuentros territoriales, sectoriales o poblacionales o a través de comunicaciones enviadas a los canales abiertos por el Ministerio de Trabajo.

Creo que lo más positivo de todo el proceso es que han salido del armario o de debajo de la alfombra varios oficios o profesiones que producen mucha riqueza, que se ejercen en contextos de grave explotación laboral y sexual y de los que poco se habla por cuestión de moral (o, mejor de doble moral), de los que debemos hablar sin miedo o mucho menos desprecio. Levantemos la alfombra y hablemos sin hipocresía de la industria de modelaje webcam en la que Colombia es potencia mundial.

Este es un enorme negocio. Se estima que por cuenta de la venta de servicios virtuales de entretenimiento para personas adultas ingresan US$100 millones al mes y que en el que participan cerca de 300.000 personas, que trabajan, en el soporte de más de 50.000 estudios o en la actividad de modelaje, desempeñado mayoritariamente, pero no exclusivamente por mujeres, eso sí, de todos los estratos sociales.

Con la sentencia T-109 de 2021 la Corte Constitucional puso el debate sobre la mesa. Ordenó tanto al Congreso como al Ministerio del Trabajo regular esta industria y las relaciones laborales que genera. En ese caso, se discutió el despido de una modelo, mujer, madre cabeza de familia, pobre, que fue despedida en estado de embarazo y en cuyo caso el máximo tribunal declaró la existencia de una relación laboral, a la que tanto “empresarios” como muchas personas que ejercen este modelaje se oponen. Infortunadamente el Ministerio del Trabajo tampoco actuó como debía, a pesar de la orden de la Corte.

La palabra “Webcam”, ya aparece en una ley. En una de carácter tributario (Art. 73 de la ley 2010 de 2019) que les obliga tanto a empresarios como a modelos a ser agentes retenedores de impuestos. No existen más leyes que hablen del asunto. Los “empresarios” se quejan de ser perseguidos y estigmatizados por la policía y la sociedad en general, por el sistema financiero que les cierra inexplicablemente las cuentas bancarias y hasta por el ministerio del Trabajo que debe inspeccionar las condiciones laborales en las que las mujeres y hombres dedicados a esta profesión desarrollan su labor.

Las modelos, al menos las que se han atrevido a organizarse y a levantar la voz, en muchas ocasiones señalan que este negocio, por no estar regulado, opera en la clandestinidad y que padecen muchas veces violencia y explotación sexual, incluso han presenciado prostitución infantil.

Un senador uribista en el periodo legislativo pasado quiso regular el asunto sin éxito. Buscaba principalmente proteger los derechos de los “empresarios” más no de los y las trabajadoras que este Ministerio y este gobierno está empeñado en proteger. Otro congresista el año pasado propuso un proyecto de 5 artículos que proponía una “forma especial de contratación laboral” y dejaba al Ministerio la reglamentación, pero en todo caso, señalaba que es un trabajo subordinado.

En esta profesión sucede algo similar a lo que ocurrió antes de la ley 50 de 1990 con las “colocadoras de apuestas” y hoy con los y las trabajadoras de las plataformas, donde se discute siempre el tipo de relación de trabajo que habrá que analizar en cada caso concreto, pero lo que sí es indiscutible es que para empezar
deberían estar en el sistema de seguridad social, tener la posibilidad de sindicalizarse y que el Estado las proteja de acosos y violencias. Por ahí debería empezar el gran pacto para este sector.

Las normas laborales parecen ser insuficientes para proteger a estas 300.000 personas, pues el derecho laboral clasifica a un/a trabajador/a en “subordinado” o “independiente”, pero en cualquier caso, al menos se deben hacer aportes a la seguridad social lo que permitiría que este grueso número de trabajadores y
trabajadoras estuvieran protegidos, para que el sistema llegara a relevar a los empresarios de las contribuciones respectivas para que casos como el que llegó a la Corte Constitucional no se vuelvan a repetir.

Sin moralismo, con decisión y pensando en esos y esas trabajadoras, sus familias y sus ingresos y también en el sistema de seguridad social fundado en la solidaridad, nos toca sacar el tema del closet y proponer su regularización, tanto empresarial como laboral. Y como se debe hacer en el mundo del trabajo, debemos apelar al diálogo tripartito.