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El pasado 20 de marzo, volví a recordar el asesinato del compañero Rafael Jaimes Torrá hace 23 años. Sus compañeros lo llamaban “Botellita”. Y Botellita, fue un soldador de la Refinería de Barrancabermeja, líder sindical, asesinado junto a su sobrino, por paramilitares en Barrancabermeja.
Ese delito fue declarado de lesa humanidad y hoy los responsables pagan cárcel. En el caso de Jaimes Torrá se determinó que empresarios, que se oponían a la lucha de Rafael contra la tercerización laboral en la industria petrolera, pagaron a los asesinos, dejando una familia, una organización, una ciudad y un gremio, en un luto que no terminará. Por eso ni la USO, ni el movimiento sindical, ni yo desde donde esté dejaremos de hablar de esos crímenes y esas historias que han marcado la lucha sindical en el país y mi vida como trabajador y como líder sindical y político.
Hace menos de un mes renuncié a la Junta Directiva de Ecopetrol. Lo hice para poder asumir el cargo de ministro de Minas y Energía. En mi carta de renuncia recordé que me iba con una frustración: no logré en este año dejar en firme la promesa del Presidente de la República de asignar un asiento para los trabajadores y trabajadoras sindicalizadas, como sucede en centenares de empresas del mundo y algunas del país.
Y este viernes 28 de marzo habrá asamblea de accionistas donde se entregarán resultados y se elegirá nueva junta, pero no se pondrá en consideración la reforma estatutaria para cumplir la promesa presidencial y dejarle a los trabajadores y trabajadoras un legado de gran simbolismo: un puesto en la principal junta directiva del país a quienes, conquistaron, gracias a una huelga histórica, la creación de Ecopetrol y la han defendido hasta con sus propias vidas.
Ahora como Ministro de Minas y Energía le he escrito a mi nuevo colega, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, una carta para que durante los próximos meses se considere la posibilidad de iniciar esa modificación estatutaria y que en el marco del aniversario 74º de la empresa, el próximo 25 de agosto o en la antesala de la próxima asamblea ordinaria, cercana al aniversario del asesinato de nuestro querido Botellita, se entregue como medida de reparación colectiva a una clase trabajadora sindicalizada, asesinada y perseguida.
El nuevo ministro de Hacienda y Crédito Público ya sabe lo que es tener trabajadores en una junta directiva. Y es que también por instrucción del Presidente de la República y por mandato de la constitución, en las juntas de las empresas del Grupo Bicentenario las organizaciones de trabajadores participan para la representación, la defensa de sus derechos y el carácter público de esas entidades. Además, esos escenarios existen en otras empresas públicas del país hace rato, por lo que no estamos hablando de cosas exóticas. Solo estamos hablando de ampliar la democracia en el trabajo, en las empresas, sobre todo donde haya presencia de capital estatal.
De mi parte, en el Ministerio, en las entidades adscritas y las electrificadoras vinculadas irán nuestros representantes con mandatos claros, además de mejorar la relación con los usuarios y buscar fórmulas para reducir las tarifas de energía eléctrica, promover y defender la democracia en el trabajo, libertad sindical y el trabajo decente, como lo hicimos durante mi corto paso al frente de Air-e, sin costos, sin gastos, solo mejorando las condiciones laborales de ciudadanos y ciudadanas que a su vez, con dicha mejora, participan mejor en los debates públicos y políticos, porque quienes mejoran las condiciones laborales “están regenerando la política porque mejora las condiciones sobre las que se apoya y construye la sociedad democrática”.
Y eso es algo que saben muy bien quienes se oponen a los cambios y las reformas, y por eso prefieren tener a una sociedad precarizada y en la pobreza para mantener la ficción de sus mayorías alimentadas de compra de votos, con pobres debates políticos y democráticos y bastante represión.
Estoy convencido que si no profundizamos los debates alrededor de la democracia en el trabajo, sobre mejores condiciones laborales, el autoritarismo en el debate político seguirá en auge.
