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Las comunidades sociales, con organización política común, territorio y órganos de gobierno propios, que son soberanas e independientes políticamente de otras comunidades, son lo que conocemos como Estado. Al presentar características distintivas propias, estamos frente a entes culturales que responden a la actividad final del hombre: obtener el bien público.
Se trata de entes culturales, fruto del acuerdo tácito que se da en la comunidad social, con el fin de garantizar derechos y deberes. El acuerdo que Platón denominó pacto de convivencia y Rousseau contrato social, es un paradigma que más tarde nutren Hobbes y Locke, y aunque ha presentado cambios no discute su finalidad.
Si el propósito es garantizar derechos y deberes, el Estado no puede renunciar a esta determinación. Debe velar por un modelo justo e inclusivo, donde la justicia es protagónica. Latinoamérica, al liberarse de las dictaduras y los contextos de guerra civil, demandó una obvia y necesaria renovación del contrato social. Instauró mecanismos de justicia transicional que velaran por un mayor respeto al Estado de derecho justo e inclusivo.
En nuestros días, las instituciones de justicia y seguridad -sin importar el tipo de gobierno- no pueden evadir el abordaje de violaciones de derechos humanos, deben dar voz a las víctimas y trabajar porque estos hechos nunca vuelvan a darse. Así, la justicia transicional se torna como un arquetipo de reconciliación que contribuye a la renovación del contrato social.
Para avanzar en la reconciliación, el Estado debe reconocer sus culpas e insuficiencias, de ahí esfuerzos de vieja data, como el de las nonagenarias madres de la Plaza de Mayo, que siguen buscando a sus hijos y nietos desaparecidos, y han logrado más de 1050 condenas, donde los perpetradores -sentados en el banquillo- han tenido que enfrentarse a la mirada de estas ya abuelas.
Doce años después, atendiendo el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Honduras, a través de su Presidenta, reconoció su responsabilidad en el asesinato de Vicky Hernández, mujer transgénero asesinada en 2009, durante un toque de queda tras el golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya. De la misma forma, el Presidente chileno le pidió perdón, a nombre del Estado, a Francisca, una mujer con VIH que fue sometida a una esterilización sin su consentimiento cuando tuvo un hijo en noviembre de 2002.
En Colombia, la Corte Constitucional modificó la “Ley de Justicia y Paz” permitiendo audiencias para esclarecer los crímenes de los paramilitares. El gobierno de Santos promovió las unidades de Víctimas y Tierras, que buscan devolverles su tierra a campesinos desplazados y el Acuerdo de Paz de 2016 con las Farc. Este dio origen a un tribunal especial que puede condenar a los máximos responsables de la guerra, una Comisión de la Verdad, que ya entregó un desgarrador informe sobre las causas de la guerra después de escuchar a casi 30.000 personas y una Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas que ayuda a los familiares a encontrar los restos de sus seres queridos (se estiman más de 99.000 desaparecidos).
Estas perseverantes luchas por restablecer el contrato social tienen un sinnúmero de ejemplos en la región y en Colombia, pese a los contradictores, vienen dando su fruto. De ahí la permanente defensa que hacemos de ellas en esta columna.
