El pasado 13 de septiembre participé en el cierre de la XII Convención Internacional de Seguros celebrada en Cartagena. En esta ocasión la Federación de Aseguradores Colombianos -como Bobbio en el problema de la guerra y el camino de la paz- apostó por no rendirse e instó a “tomar partido, aunque las probabilidades de ganar sean pequeñísimas”.
Así, en un debate moderado por Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda, con una exposición central de Luis Moreno Ocampo, ex fiscal de la Corte Penal Internacional, y las opiniones de Juan Fernando Cristo, presidente del Congreso, Antonio Navarro Wolf, líder de los progresistas, Alfredo Rangel del Centro de Seguridad y Democracia y el suscrito coincidimos -no sin matices- en que el acuerdo con las Farc no puede desconocer el derecho internacional.
Moreno Ocampo, luego de hacer un sondeo a los asistentes para constatar si habían sufrido o visto crímenes perpetrados por las Farc, concluyó dos cosas obvias, que todos en Colombia -más directamente unos que otros- hemos sido víctimas del conflicto y que hay que articular el acuerdo de paz con los límites legales. En todo caso, y pensando menos en el auditorio, pondero las cartas de la actual fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, frente a las negociaciones de paz y la facultad que tienen los colombianos para encontrar las fórmulas del acuerdo, y coincido con Navarro Wolf que sería factible que algunos exguerrilleros participen en la vida pública, aunque él se sorprendió cuando le recordé que uno de los énfasis en los que Bensouda se excedió era la prohibición de que los perpetradores participaran en la vida pública, y reconoció que ese no sería un límite legal. Cristo recordó que siendo él tocado por la violencia, preferiría compartir curules en el Senado con exguerrilleros disintiendo con argumentos y no con balas, mientras que Rangel quiso estructurar una tesis sobre su disponibilidad para apoyar la paz, pero siempre que no olvidemos que negociamos con criminales atroces y que no es negociable la agenda nacional: esto es ninguno de los puntos de La Habana.
Insisto en resaltar que tanto el Estatuto de Roma como el proceso de paz persiguen lo mismo: desde su preámbulo el Tratado precisa que la Corte se estableció para poner fin a la impunidad de los crímenes internacionales y con el fin de prevenir nuevos crímenes. En medio de una guerra de 50 años los insurrectos no han asumido, ni asumirán, su responsabilidad por los crímenes cometidos y tampoco impediremos que cometan otros. Sin embargo, en la mesa de La Habana ya la reconocieron y se pactarán garantías de no repetición. El citado preámbulo reconoce que los crímenes internacionales son una amenaza a la paz, de forma que una paz fundada en la responsabilidad, reparación y garantías de no repetición, no puede activar una jurisdicción complementaria que persigue los mismos fines.
La obstinación, tanto de las generaciones que nos precedieron como de la nuestra, no nos permitió crecer y nacer en un país en paz ¿hipotecaremos la suerte de las generaciones futuras por creer que en medio del conflicto tenemos mejores opciones de prevenir los crímenes de lesa humanidad o de guerra? Tal como sugirió Bobbio, y como lo resalté en mi columna del 16 de abril, me rebelo contra el pesimismo -con un optimismo informado-, convencido de que este proceso de paz, único en el mundo, bajo la vigencia del Estatuto de Roma, no puede encontrar un obstáculo en este.
