Las inciertas elecciones catalanas

En nuestra columna del 23 de septiembre de 2104 nos referíamos a la lección que nos dejó Escocia y su referendo independentista a los constitucionalistas e internacionalistas, que solemos escudarnos en las construcciones y prácticas jurídicas que se hacen pensando en el interés del Estado y no en las personas que los componen.

La diferencia fundamental, desde la óptica jurídica y constructivista del derecho constitucional e internacional, entre el proceso independentista de Escocia y de Cataluña está en los fundamentos constitutivos del Estado. El Reino Unido se conformó hace 308 años, cuando los parlamentos escocés e inglés, el 16 de enero de 1707, aprobaron su disolución para crear un único Parlamento en Gran Bretaña, el que hasta hoy funciona en el Palacio de Westminster (Londres).

Miguela Artola nos recuerda que la historiografía estableció, en la península ibérica, “familias de fueros” en función de la identidad, constituyendo fueros locales o municipales que terminaron como estatutos jurídicos que establecían un conjunto de normas, derechos y privilegios, otorgados por el rey, el señor de la tierra o el propio concejo, es decir, las leyes propias de un lugar y que sirvieron de fundamento al Estatuto de Autonomía que prevé la Constitución española de 1978.

España, como otros estados plurinacionales, se construyó como Estado-nación a partir de la asimilación de minorías nacionales y étnicas, obra que en muchos casos -gracias a la humanización del sistema internacional-, reconoce las nacionalidades y el ejercicio de sus derechos culturales, sin embargo, no permite revisar qué tan inclusivo es ese Estado-nación a menos que esa revisión se haga integralmente y de ahí que se argumente que el proceso independentista catalán -a diferencia del escocés- sea ilegal. La inamovilidad del gobierno de España, fundada en la lógica constructivista y la del gobierno autonómico de Cataluña, en un exaltado nacionalismo que busca expiar sus errores con el argumento de que España los roba -sin reconocer que sus propios dirigentes catalanes lo hacían- auguran un resultado muy cerrado y peligroso en las elecciones del 27 de septiembre. 

Según una encuesta para El País, el independentismo catalán afronta la recta final de su campaña con un nivel máximo de movilización, que se traduciría en una clara mayoría absoluta en escaños aunque no en votos. La candidatura Junts pel Sí, que agrupa a Convergència y a ERC, conseguiría entre 66 y 67 escaños, de los 68 que se necesitan para la mayoría absoluta; la lograrían sumando a la CUP, que puede conquistar entre 10 y 11. Mientras tanto todo se complica, pues entre los partidos que no apoyan la independencia la fragmentación es máxima, descartando una alternativa de gobierno.

Así, el inamovilismo no ha hecho más que radicalizar posiciones. Ya no se debate sobre los derechos, sino sobre la legalidad de la elección. Ninguno parece comprender a tiempo el riesgo que se juega: el gobierno se resiste a entender que el constructivismo jurídico no debe oponerse a discutir cómo Cataluña encaja en el Estado, y los catalanes hacen lo propio al confundir una relación íntima con la tierra de sus padres, con el lugar donde se nace o crece y que se exprese en ideas, tradiciones y costumbres, con la afirmación de uno sobre la base del rechazo del otro, esa es una pertenencia perniciosa, excluyente, que se traduce en dogma político y/o religioso.