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Como decíamos el 14 de diciembre de 2017, gracias al traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén, cada vez está más lejos un acuerdo entre israelíes y palestinos sobre el estatuto final de esta ciudad que, con fundamento en el Plan de Partición de Naciones Unidas de 1947, quedaba como un corpus separatum, es decir, no pertenecería a ninguno de los dos Estados.
Sin embargo, esta infortunada señal no solo conspira contra este propósito, sino que empodera al gobierno que controla la parte oriental de la misma.
Por su parte, los refugiados palestinos -que no se caracterizan por una alta calidad de vida-, ya no cuentan con los fondos de las agencias internacionales que los financiaban, y como si fuera poco, también por orden de la Casa Blanca, la oficina de representación de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, en Washington -que hacía las veces de Embajada palestina- ha sido cerrada.
Así, un Estado observador de las Naciones Unidas, admitido desde 2012, no solo ve cuestionada su legítima representación política, sino que, además, pierde su capacidad de diálogo directo en Washington a los 25 años de los Acuerdos de Oslo, de los cuales ya no queda nada distinto a la imagen que sellaba aquellos pactos en los jardines de la Casa Blanca, donde Isaac Rabin y Yaser Arafat se daban un apreton de mano mientras Bill Clinton los abrazaba.
Si no ha sido posible alcanzar un acuerdo definitivo que ponga fin a este largo conflicto, y si este no se entiende plausible sin el aval de los Estados Unidos, ahora sin oficina de la OLP en Washington, incluso los puentes del diálogo están rotos y solo se sujetan a la interlocución con el gobierno israelí -que curiosamente- sí los reconoce.
Muchos se preguntan si Trump comprende la trascendencia de sus decisiones, como si se tratara solo de actos irreflexivos sin consideración de los millones de afectados, no obstante -como lo hemos dicho-, se trata de un plan nacionalista que explica su política internacional aislacionista, de ahí que durante la infortunada semana del décimo séptimo aniversario de los ataques del 11 de septiembre, además del cierre de la oficina de la OLP, John Bolton, asesor de Seguridad Nacional del presidente americano, amenazó a los miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) que participen en las investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán.
Esta arremetida con el claro propósito de disuadir las investigaciones, desafía la multilateralidad, que en el marco de la CPI suma el consentimiento de 123 Estados para combatir la impunidad en materia de crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión.
Chantaje inédito en las relaciones internacionales que nos recuerda la cita que hiciéramos de Peter Beinart el pasado 17 de mayo: “mientras las demás naciones deben cumplir sus requerimientos, Estados Unidos no tiene compromisos con nadie (...) para Trump no hay tales responsabilidades, todo son derechos”.
Adenda: Peter Beinart, columnista y comentarista político liberal estadounidense viajó a Israel para asistir a una ceremonia religiosa de una sobrina, y “por un error administrativo” fue detenido. Condicionó aceptar la media explicación de Netanyahu “cuando pida disculpas a todos los palestinos y a los estadounidenses palestinos que cada día tienen que soportar cosas mucho peores”.
