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La Plataforma Unitaria y el gobierno de Maduro firmaron, en Barbados, el 17 de octubre de 2023, dos acuerdos, el primero sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos, y el segundo referido a la protección de los intereses vitales de Venezuela. Diplomáticos de Barbados, Noruega, Rusia, Países Bajos, México, Estados Unidos y Colombia acompañaron a las delegaciones negociadoras y con miras a las recientes elecciones se comprometieron a respetar el derecho de cada actor político de seleccionar a su candidato, acordar la concreción de garantías electorales y la realización de los comicios presidenciales, en el segundo semestre de 2024.
Gracias a esta hoja de ruta, al día siguiente, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos expidió cuatro licencias generales que aliviaron varias de las sanciones en materia de hidrocarburos, gas natural y oro que, además, permitiría la comercialización secundaria. Las decisiones se mantendrían siempre que el Gobierno venezolano honrara sus compromisos, se definiera un cronograma electoral, la habilitación de todos los candidatos a la presidencia, y la libertad de prisioneros políticos.
Sin embargo, las desavenencias no se hicieron esperar, el Gobierno de Maduro, denunció que la oposición no estaba respetando el pacto, y calificó de “estafa electoral” las primarias de la oposición, pues consideró la proyección de 2,5 millones de venezolanos votando en estas como una barbaridad no verificable. Para la oposición, lo que no era normal era que un Gobierno cuestionara un proceso interno.
Por su parte, iniciando diciembre de 2023, el Gobierno organizó un referéndum consultivo en el que, según el CNE, participaron 10.554.330 personas y se aprobaron las cinco preguntas consultadas. En este caso la percepción de la oposición fue la misma que la que recibió en su proceso interno, toda vez que a lo largo de la jornada se veía muy baja participación.
A partir de enero de este año ya los enfrentamientos se hicieron más evidentes, el Gobierno exigió que los facilitadores del proceso de negociación viajaran al país para verificar los acuerdos de Barbados, la Contraloría venezolana inhabilitó a María Corina Machado y no se le permitió inscribirse a Corina Yoris que era la opción de reemplazo, solo prosperó el nombre de Edmundo González, y de los casi 8 millones de venezolanos en el exilio, solo pudieron votar unas 70.000 personas gracias a una estrategia que complejizó la inscripción de votantes.
En seis meses del año en curso se dieron 102 detenciones de personas vinculadas con la oposición, sin contar a algunos de los coordinadores de los comandos de la campaña de la Plataforma Unitaria y a Milcíades Ávila, jefe de seguridad de Machado.
Si bien la oposición tiene una importante capacidad de movilización, no puede confiar en esta para lograr el cambio; maquinaria, recursos y capacidad de presión le garantizan al Gobierno -por vía inducida- movilizaciones masivas.
Ni gobierno ni oposición entendieron que Barbados pudo ser la transición necesaria en la que ambos ganaran algo. Por mucho que nos moleste que el régimen venezolano pueda obtener algo al negociar su salida, los juegos de suma cero solo lo radicalizarán y, entre tanto, la Comunidad Internacional verá frustrados sus esfuerzos, entre ellos sumar sanciones y detener la diáspora.
