Todo por el rédito político

Se equivocan los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad cuando su actividad no se circunscribe al beneficio de la comunidad, sin embargo, alcanzar un rédito político o un rédito electoral, no los hace dudar porque prima el interés personal. Conducta continua que explica el enero que vivimos. Se equivoca el ELN que trata de justificar un atroz atentado terrorista como un objetivo militar legítimo. El DIH comprende acciones entre combatientes y los estudiantes de una academia de policía, aunque se preparen para serlo, aún no lo son.

Pero también se equivoca el Presidente colombiano que para repuntar en las encuestas -evocando la mano dura de su mentor- hace todo tipo de maromas argumentativas. La Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no se puede interpretar de forma aislada, esta y otras normas fueron la respuesta multilateral a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Al día siguiente se expidió la Resolución 1368 que tenía el propósito de reconocer el derecho a una defensa individual o colectiva y precisar que los actos terroristas constituyen una amenaza para la paz mundial.

Dos semanas después, el mismo Consejo aprobó la Resolución 1373 en la que toma una serie de decisiones y hace una serie de exhortos. Entre otros que los Estados prevengan, repriman, tipifiquen, congelen fondos y activos del terrorismo, se abstengan de proporcionar apoyo activo o pasivo, denieguen cobijo y velen por el enjuiciamiento. Dos meses después, la Resolución 1377 afirma que para combatir el terrorismo es imprescindible aplicar un enfoque coherente y amplio, con la colaboración activa de los Estados, destacando la necesidad de una acción internacional sostenida para promover la comprensión entre las civilizaciones y abordar los conflictos de alcance mundial.

Así, la lucha contra el terrorismo no solo se funda en la posibilidad de defenderse y cooperar de forma punitiva, también se trata de comprender y abordar los problemas para desactivarlo. Es evidente que una negociación de paz cabe en estos supuestos y de ahí el respaldo de la Comunidad Internacional a nuestros procesos de paz. Las garantías para las partes de una negociación de paz -por redundante que suene- la dan los países garantes mediantes protocolos suscritos entre los involucrados.

Así, todo proceso de paz y todo tercer país que acepte ser garante o sede de unas negociaciones de paz, suscribirá un protocolo que garantice el cumplimiento de su contenido. En nuestras negociaciones de paz todo gobierno colombiano pactó y cumplió este tipo de obligaciones que, por cierto, no se pueden discutir con el simplón argumento de que no son un tratado internacional.

Es absolutamente factible que se rompan unos diálogos de paz si se negocia en medio de la guerra y como prevé el protocolo los países garantes y las partes contarían con 15 días desde la ruptura del diálogo para crear un corredor que permita el retorno a Colombia de los negociadores del ELN.

Nuestro canciller -olvidando que quien se obliga es el Estado- insiste “que Duque no firmó los protocolos que se aplicarían” y “va a seguir insistiendo con todo respeto a Cuba que capture” y entregue a los negociadores de paz del ELN para que “paguen adecuadamente” conforme a unas resoluciones contra el terrorismo que aprobó otro gobierno de Colombia.