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Si los colombianos queremos erradicar la pobreza extrema de nuestro país, y a la vez lograr un mayor crecimiento de nuestra economía, tendríamos que ser más cuidadosos y menos candorosos de lo que hemos sido hasta ahora para elegir a nuestros gobernantes, tanto a nivel regional como nacional.
Un claro ejemplo de cómo un gobernante inepto y/o corrupto puede afectar el desarrollo de una ciudad, una región o un país, lo podemos ver claramente los caleños, que tuvimos la mala suerte de elegir varios alcaldes a quienes bien les podían caber los calificativos anteriores; por lo cual nuestra ciudad retrocedió varios años, tanto en la fortaleza de sus instituciones, como en el desarrollo de su infraestructura. Tal vez la entidad que resultó más afectada fue Emcali, que pasó de ser una de las mejores empresas de servicios públicos del país, a una situación de insolvencia, lo que la llevó a su intervención por parte del Gobierno Nacional. Afortunadamente, gracias a la gestión de sus últimos gerentes, Emcali ya superó su peor crisis y se encuentra en franca recuperación.
Desafortunadamente, varios de nuestros exgobernadores tampoco han estado a la altura de las expectativas de sus electores, pues han dejado las arcas del Departamento en una situación crítica, ¡al punto que la mayor parte de sus rentas están comprometidas para el pago de sus acreencias! Pese a lo anterior, el exgobernador Juan Carlos Abadía pretendió endeudar más al Departamento mediante la realización de contratos para construir varias obras de cuestionable importancia, las cuales se cancelarían con las llamadas “vigencias futuras”, con elevadísimos costos financieros para el Departamento. Afortunadamente, al ser destituido Abadía por la Procuraduría, Luis Carlos Lourido, que fue designado en su reemplazo, logró echar para atrás esos onerosos contratos.
Situaciones similares se han presentado en otras ciudades y departamentos del país, lo que se comprueba al analizar el gran número de alcaldes y gobernadores que han sido destituidos por la Procuraduría, debido a actos de corrupción cometidos por ellos o sus inmediatos colaboradores.
Pero tal vez el ejemplo más claro de las nefastas consecuencias de una mala decisión del electorado es el caso de Bogotá, ciudad que después de haberse beneficiado de la exitosa gestión de alcaldes como Jaime Castro, Antanas Mockus y muy especialmente la de Enrique Peñalosa, terminó eligiendo a Samuel Moreno, quien no solo fue destituido por la Procuraduría, sino que él y su hermano Iván, así como varios de sus excolaboradores, ¡están tras las rejas, acusados de graves actos de corrupción!
A nivel nacional, la crisis económica y política que nos dejó el gobierno de Ernesto Samper debería servirnos de suficiente escarmiento para ver más ciudadanos al decidir por quién votar para dirigir los destinos de la nación.
Ojalá estos ejemplos de las nocivas consecuencias de una mala escogencia al elegir gobernantes, ¡sirvan para demostrarle al electorado que elegir bien es un buen negocio!
