Modelo solidario de desarrollo: opción social e inaplazable

Los sectores progresistas del mundo, en especial los de América Latina, llevan varios años criticando el modelo neoliberal de desarrollo implementado desde los años 80 luego del Consenso de Washington, que tuvo más de Washington que de consenso, porque fue impuesto por Estados Unidos a la región como carta de navegación para el desarrollo.

La injusticia del modelo ha vuelto a plantearse a raíz de la pandemia. Varios gobiernos de derecha han evocado la posibilidad de regresar a su aplicación como si la destrucción del tejido social, la parálisis económica y el impacto del proteccionismo de los países industrializados en estos tiempos difíciles no fueran argumentos suficientes para ensayar un modelo distinto al que estaba haciendo estragos en 2019 cuando los estudiantes latinoamericanos salieron a la calle para exigir su reemplazo.

El Modelo Solidario se desarrolla a través de seis ejes articuladores: la corrección de la desigualdad social, la creación de valor, la adopción de una nueva política económica redistributiva y soberana, la definición de una agenda de transición ecológica, el diseño de una nueva institucionalidad y la reactivación de la integración regional como marco de coordinación de los anteriores objetivos.

A pesar de que el neoliberalismo se ha convertido, por apropiación, en una apuesta ideológica de la derecha fascista en el mundo, el Modelo Solidario que proponemos desde el Grupo de Puebla no pretende ser una alternativa que alimente la polarización ideológica, que está hundiendo las democracias. Al contrario, aspira a convertirse en el comienzo de un proyecto político regional progresista para América Latina y el Caribe: inspirado en la justicia social, el respeto de los derechos humanos, la continuidad democrática, el sostenimiento de la paz y el respeto de la soberanía.

En Colombia esta reflexión es aún más urgente, pues se constata con frialdad que crecemos a una tasa cercana al 8,5%, pero la concentración del ingreso evaluado según el coeficiente de Gini sigue estancada en 0,53 lo que nos convierte en el segundo Estado más desigual de América Latina, la zona de mayor concentración de ingresos en el mundo.

La política social no puede seguir siendo la hermana menor de la política económica concentrada en la reducción de la inflación, sin tener en cuenta variables de incidencia social como el empleo, la distribución del ingreso y la preservación de niveles de inversión pública social.

También es importante la lucha contra la pobreza que han abanderado algunos países de la región, con éxito en los últimos años, y que vuelve a surgir la necesidad con los 66 millones de personas en situación de pobreza extrema que nos deja la pandemia. En primer lugar, tenemos la obligación de luchar contra las profundas asimetrías sociales que nos han convertido en la región más desigual del planeta.

La creación de valor es el segundo gran propósito del mismo. Para recobrar el ritmo de crecimiento de 2016, cuando empezó realmente la caída económica, América Latina y el Caribe deben recuperar el 12% del PIB y 44 millones de empleos perdidos, de acuerdo con la Cepal. Tan heroico empeño no puede hacerse realidad con las limitaciones sectoriales productivas existentes y las restricciones fiscales y condicionalidades monetarias del fracasado modelo neoliberal.

La adopción de nuevas medidas tributarias como las sugeridas por la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional en materia de impuesto a la renta para las empresas transnacionales, riqueza, transacciones financieras, penalización de la evasión o elusión de impuestos, mejor distribución de tierras en el campo y afectación de su uso público en inmuebles urbanos, acompañados por una mayor tributación de las herencias formarían parte de esta revolución fiscal que propone el modelo.

Ahora que viene un nuevo gobierno en Colombia y un Congreso renovado, vale la pena retomar la vocación redistributiva de los impuestos e insistir en que sean menos regresivos y más progresivos. El estallido social del año pasado fue provocado, entre otros, por una reforma fiscal pactada a espaldas de la ciudadanía.

Para el desarrollo del Modelo Solidario proponemos como escenario el fortalecimiento de la integración regional. La pandemia demostró que jamás había sido tan importante la integración, pero nunca habíamos estado tan desintegrados. También nos enseñó cuán costosa fue la idea de desmontar los procesos de integración subregional y reducir las responsabilidades sociales de los Estados.

El gobierno de Iván Duque fue pionero del discurso desintegrador e insistió tercamente en trasladar la polarización interna a los espacios regionales. Creó apresuradamente -Prosur-, foro de efímera proyección que terminó debilitado por la falta de contenido y liderazgo político.

Colombia debe volver a los espacios regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) cuya participación quedó injustificada y arbitrariamente congelada y participar de un eventual resurgimiento de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Si queremos salir adelante no podemos regresar al modelo previo a la pandemia, cuando la economía mostró sus más bajos niveles de comportamiento y los más altos costos de desigualdad. Todas estas circunstancias, paradójicas, explican por qué América Latina y el Caribe, a pesar de representar el 9% de la población del mundo, registró el 32% de los fallecidos y un poco menos de los contagiados por el siniestro virus del covid-19.

La integración que propone el Modelo Solidario está profundamente vinculada con el objetivo de “construir región” a través de la identificación y coincidencias sobre ejes articuladores políticos (no ideológicos) como la preservación la región como zona de paz, la continuidad de procesos democráticos y el aseguramiento pleno de la vigencia de los derechos humanos.

El objetivo final del modelo es construir una ciudadanía suramericana conformada por ciudadanos más solidarios en lo social, más productivos en lo económico, más democráticos en lo político, más comprometidos con el medio ambiente y más orgullosos de sus raíces históricas compartidas.