Automatización y reforma laboral: ¿Quién asume la carga?

Con el mismo aire de superioridad de siempre, el Gobierno Nacional nos presenta una “joya” en su propuesta de reforma laboral. El artículo 60 es un claro ejemplo de cómo el gobierno delega su responsabilidad al sector privado, mientras se disfraza de defensor de los trabajadores.

El artículo, aún pendiente de aprobación en el Senado, establece que en procesos de automatización que puedan implicar la eliminación de empleos, los trabajadores afectados deben ser informados con al menos seis meses de antelación. Hasta aquí, la intención parece loable. Sin embargo, el diablo está en los detalles. El artículo desdibuja su propósito al excluir a las empresas que afectan a diez o menos empleados. Es decir, las microempresas, que representan 92% de la fuerza laboral en Colombia según cifras del Dane, quedarían exentas de notificación a sus empleados. ¿Dónde queda la defensa de los derechos laborales?

Además, se exige a las empresas, sin distinción alguna, que integren a los trabajadores en planes de reconversión y capacitación en nuevas formas de trabajo durante los seis meses previos a la automatización. No obstante, el artículo no especifica cómo desarrollar estos aviones, quién asumirá los costos inevitables ni contempla estímulos fiscales o tributarios. Se espera que las empresas asuman la carga de automatizar sus operaciones sin apoyo alguno, quedando a la deriva.

El artículo también establece que los trabajadores deben ser priorizados en procesos de reubicación dentro de la empresa. Sin embargo, según un informe de Fedesarrollo, cerca de 58% de los empleos en Colombia -es decir, 6 de cada 10- son susceptibles de automatización. A su vez, Dapper Plataforma de Asuntos Públicos señala que, de los 23 millones de ocupados en el país, más de 12,2 millones realizan tareas automatizables, distribuidas entre 2,7 millones con competencias básicas y 9,4 millones con competencias medias. Ante este panorama, surge la pregunta: ¿Quién se encargará de capacitar a los empleados desplazados? ¿Dónde serán reubicados cuando las dinámicas laborales evolucionan tan rápidamente? Esta responsabilidad debería recaer en una política pública sólida, no en el sector privado de forma exclusiva.

El panorama es preocupante y revela una clara desconexión entre el Gobierno y las tendencias tecnológicas globales. El artículo establece que, si no es posible reubicar a los trabajadores, estos podrán ser incluidos en una lista de contratación preferente durante el año siguiente a su despido. Sin embargo, en un mercado laboral donde los puestos no automatizados requieren habilidades digitales, esta medida resulta insuficiente. El país aún enfrenta retos básicos, como la falta de conectividad y el bajo nivel de bilingüismo. Según el Banco de la República, solo el 10,5% de la población es bilingüe, lo que refleja una brecha significativa en las competencias necesarias para una verdadera reconversión laboral. Colombia sigue rezagada, y esta brecha no hace más que aumentar. ¿Cómo podemos aspirar a ser competitivos en un mundo digital si seguimos arrastrando estas barreras fundamentales? ¿Es realmente este el camino hacia la tan anhelada inclusión digital.

Finalmente, el artículo establece que los despedidos por automatización ingresarán a la ruta de empleabilidad de la Unidad del Servicio Público de Empleo. Aunque esto suena bien, es un tiro al aire. Actualmente, no existe una agencia intermediaria eficaz que conecte la oferta y la demanda de trabajo en un sector tan cambiante como el tecnológico. Esto resulta en largos períodos de desempleo, subempleo y una desconexión entre las habilidades de los trabajadores y las necesidades del mercado laboral.

Es urgente repensar la política laboral y educativa con una visión a mediano y largo plazo. Se requiere un esfuerzo conjunto entre el Gobierno, las agencias de colocación laboral y las empresas para generar las condiciones necesarias que permitan a las personas adquirir las habilidades demandadas y ejercerlas en empleos dignos.

El Gobierno debe establecer un sistema de incentivos fiscales que permita a las Mipyme afrontar los costos de la automatización sin comprometer su viabilidad, al tiempo que crea un fondo especial destinado a la reconversión laboral de los trabajadores desplazados. Igualmente, es fundamental priorizar la inversión en infraestructura digital para cerrar la brecha de conectividad que sigue marginando a amplios sectores de la población.

Ahora, estas políticas sectoriales, tanto educativas como laborales, no serán suficientes si no se acompañan de un sistema universal de protección social que ponga a las personas en el centro y se enfoque en la justicia social. Esto implica abordar de manera integral la cobertura de los trabajadores informales, la protección de los migrantes y la eliminación de la brecha de género. Solo así se podrá construir un mercado laboral inclusivo y resiliente. De lo contrario, la automatización no será una oportunidad, sino una trampa que agravará las desigualdades ya existentes.