“Calladita se ve más bonita”

“Llevo casi dos años recibiendo por correo amenazas de un personaje que se hace llamar Álvaro. En algunas ocasiones, me advierte que ‘calladita’ me veo más ‘bonita’, que no arriesgue a mi ‘familia’, que me estoy buscando unos ‘buenos putazos’.” Este fue el trino de la periodista Vicky Dávila en su red social X, y sí, así como ella, muchas mujeres periodistas y políticas colombianas enfrentan la más aberrante violencia digital de género.

Por otro lado, la periodista María Jimena Duzán realizó una columna de opinión que tituló ‘Uribe Fascista’. Las interacciones y respuestas de terceros a esta publicación incluyen comentarios como; “la verdad colombianos hagan patria esta sra @MJDuzan deber ser violada, escupida, picada con motosierra y colgada en Plaza de Bolívar, hagan honor al nombre de paramilitares”. Desde otra orilla, la violencia digital de género no conoce de libertades de pensamiento en Colombia.

De hecho, el documento “Tendencias mundiales de la violencia en línea contra mujeres periodistas” de la Unesco, confirma que los ataques en el mundo digital están diseñados para menospreciar, humillar y avergonzar; inducir al miedo, al silencio y a la retirada; desacreditar a las mujeres profesionalmente, socavando el periodismo de rendición de cuentas y la confianza en los hechos, así como frenar su participación activa en el debate público. El mismo informe determina que 73% de las periodistas experimentaron violencia en línea durante su trabajo.

En Colombia, un país en donde sobran los discursos sobre la justicia social es irónico descubrir que, según el informe de la fundación Karisma para la Relatoría de los Derechos de las Mujeres de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), las mujeres colombianas entre 18 y 40 años aseguraron haber sido acosadas a través de herramientas digitales y una de cada tres periodistas es violentada digitalmente cada día en el ejercicio de sus actividades.

Ante situaciones como esta, la Corte Constitucional, con su sublime capacidad para señalar lo obvio a través de sus sentencias T-087 de 2023 y T-280 de 2022, determinó que en Colombia existe el patrón de agresiones digitales y hay un gran déficit normativo. ¡Wow! ¿Quién lo hubiera pensado? Le ordenaron a los ministerios de Justicia y del Derecho, y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que se pusieran las pilas y comenzaran a hacer algo con respecto a la regulación de la violencia digital, excelente intención, pero ¿qué ha pasado? Nada. A pesar de que existen algunos programas institucionales relacionados, el impacto no ha sido significativo frente a las dramáticas cifras de violencia digital de género.

Con las elecciones de 2026 a la vuelta, un elenco de mujeres brillantes precandidatas presidenciales y los miles de acontecimientos políticos que pasan en este país cada día, nos preguntamos ¿nos tendremos que acostumbrar a los insultos misóginos, impregnados del confuso aroma de la libertad de expresión? ¿Wtf? No. Deben ser los partidos políticos, los medios y los mismos movimientos ciudadanos quienes deben rechazar las agresiones, no alentarlas o tolerarlas en virtud de su propia conveniencia. La violencia digital de género afecta a todas, independientemente de sus ideas de pensamiento, y nos sigue envolviendo en un entorno saturado de discursos cargados de odio y discriminación, lo que conduce a la autocensura y aleja la verdadera libertad de expresión de nuestro alcance. También nos aleja de pensar en el verdadero debate, el de las ideas.