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Hace dos semanas finalizó la COP16 y, en su transcurso, el debate sobre la creación de un nuevo mecanismo multilateral para la distribución justa de los recursos genéticos (DSI) reveló una verdad incómoda: mientras las potencias mundiales se enriquecen con los tesoros genéticos de países biodiversos como Colombia, el país sigue sin obtener lo que le corresponde.
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, expresó esta frustración, afirmando: “Estamos hablando de material genético de animales y plantas que se secuencia y almacena en bases de datos digitales”, pero, lo más indignante es que las empresas que utilizan estos recursos ni siquiera saben ya de dónde provienen y no están pagando los beneficios que corresponden. Esto no solo golpea la justicia económica, sino que también atenta contra la soberanía de la nación.
El debate sobre los recursos genéticos no es meramente técnico, aunque algunos intenten presentarlo de esa forma. Es mucho más profundo: se trata de la apropiación y explotación de la riqueza biológica de países como Colombia por parte de actores internacionales, mientras que las comunidades locales, guardianes históricos de estos recursos, apenas reciben migajas. Esto no es otra cosa que un nuevo tipo de colonialismo.
La secuenciación y almacenamiento del material genético en bases de datos digitales crean una paradoja ética: se habla de globalización, de acceso abierto y de avances científicos, pero detrás de estos “recursos” hay territorios, personas y culturas que han preservado esa biodiversidad por generaciones. Como bien señala Silvia Restrepo, directora del Instituto Boyce Thompson en la Universidad de Cornell, la creación de un fondo para proteger la biodiversidad es una buena idea, pero no deja de ser un paliativo frente a un problema mayor: la estructura de poder desigual que permite a las grandes corporaciones beneficiarse de estos recursos sin una justa compensación.
En este contexto, la soberanía es una palabra clave en el discurso de la Ministra. No es un concepto abstracto o un derecho teórico, sino un reclamo urgente por recuperar el control sobre lo que pertenece al país. La propuesta de crear una nube nacional de datos va más allá de una medida tecnológica; es un acto de resistencia frente a la fuga de información que durante años ha vaciado las reservas de conocimiento y recursos propios. Sin embargo, surge una interrogante: ¿cómo puede el país avanzar en un proyecto de esta magnitud cuando su infraestructura de datos aún enfrenta desafíos tan básicos?
La regulación de los recursos genéticos es fundamental. Colombia, siendo uno de los países más biodiversos del mundo, debe liderar el desarrollo de políticas claras y firmes que garanticen que los beneficios derivados de su uso se redistribuyan de manera justa. No obstante, esas discusiones aún parecen estar lejanas. La democratización del conocimiento, planteada por Muhamad, no puede quedarse en un discurso político vacío; debe traducirse en acciones concretas.
El problema, como siempre, está en la falta de acción efectiva. Existen tratados internacionales y se discuten mecanismos de redistribución de beneficios, pero la pregunta sigue siendo: ¿cuándo se verán resultados tangibles? La COP16 ha puesto sobre la mesa una urgencia ineludible: se necesita una regulación clara, tanto a nivel internacional como nacional, para proteger los recursos y asegurar que los beneficios no vayan solo a las grandes corporaciones.
El equilibrio entre el acceso abierto a los datos y la justa redistribución de beneficios es una cuestión compleja. La innovación científica depende en gran parte del acceso a la información, pero no se puede permitir que este acceso sea la excusa para el saqueo sistemático de los recursos genéticos nacionales. En este contexto, el concepto de soberanía digital es crucial, porque los datos -incluidos los genéticos- son el nuevo oro. Y si Colombia no toma el control sobre ellos, otros lo harán en su lugar.
