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*Andrés Bernal, Carlos Raúl Yepes, Claudia Jiménez, Gabriel Ricardo Maya, Luis Fernando Arbeláez, Manuel Santiago Mejía, Rubén Fernández, Tatyana Aristizábal.
La incertidumbre rodea el futuro de la seguridad energética del país y de la sostenibilidad de Empresas Públicas de Medellín tras las decisiones anti-técnicas y populistas, que ha tomado la actual administración, de la compañía más querida y patrimonio de los antioqueños.
Durante las últimas semanas, ha aflorado una estrategia que busca confundir a la opinión pública, señalando a personas y funcionarios que durante años vienen trabajando para hacer de EPM una de las empresas de servicios públicos más sólidas y restando responsabilidad a la improvisación de la actual administración en el posible fracaso de las aventuras jurídicas y administrativas a las que estamos expuestos.
Una muestra de esa urdiembre de argumentos falaces es la más reciente columna del exalcalde y exgobernador de Antioquia Luis Pérez en el Diario La República, en la que vuelve a poner un manto de duda sobre la salud administrativa de la compañía y nos responsabiliza de un desastre ficticio y exagerado.
Su objetivo: eclipsar el inminente riesgo que encarna el proceso conciliatorio que se adelanta entre la empresa y el consorcio constructor de Hidroituango, que podría significar la pérdida de billones de pesos del erario público, así como la indefinición frente a la continuidad del contratista a cargo de la obra u otro que asuma la continuidad del proyecto (muy tarde para esta última decisión) y cuya entrada en funcionamiento podría verse seriamente retrasada.
Es importante señalar, que el Tribunal Administrativo de Antioquia le negó la demanda que el señor Luis Pérez como Gobernador y presidente de la Junta de Hidroituango puso contra EPM.
Como exmiembros de la Junta de EPM ya habíamos respondido a sus falsas acusaciones y afirmaciones, mediante la columna que dimos en llamar Una verdad incómoda para los que quieren acabar con EPM, y que fue publicada por La República el pasado 24 de noviembre.
Ahora debemos responder a una nueva diatriba de Luis Pérez, señalando imprecisiones técnicas que desdicen de la transparencia con la que él dice actuar.
En su columna, Pérez dice que “de 2007 a 2020 las calificadoras de riesgos bajaron la calificación de EPM de AAA a BBB- “. El ex alcalde confunde peras con manzanas y, al parecer, no distingue que la calificación AAA es la que tiene la empresa en Colombia y la de BBB+ que es una calificación internacional (que pasó a BBB- por los riesgos que supone para las inversionistas el manejo anti técnico de la actual administración). Por lo tanto, la calificación de la empresa NUNCA ha pasado de AAA a BBB-.
Adicionalmente, Luis Pérez insiste torpemente en confundir el indicador de deuda neta/ ebitda con deuda bruta/ebitda. Si los economistas siguieran su estratagema falaz, en el que ya había incurrido, sería muy sencillo para las empresas pagar la deuda con la caja y ahí obtener una calificación que, evidentemente, estaría distorsionada.
Se utiliza la deuda neta, precisamente, para obtener una calificación apegada a los verdaderos estados financieros de las compañías.
Por último, y convenientemente, Luis Pérez solo habla de las inversiones en el exterior con VPN negativo, pero omite informar el estado de aquellas con VPN positivo y sacar un resultado total, que fue nuestro argumento central para rebatir su manida posición. Las inversiones de la empresa en el exterior, en su conjunto, le arrojan hoy un resultado positivo. Cualquier persona que conozca el funcionamiento de una empresa del tamaño y el músculo de EPM sabe que es poco probable hacer inversiones y que todas sean exitosas.
Nuestra invitación seguirá siendo a sacar a EPM del mundo amorfo que presenta Luis Pérez, en el que la idea de verdad migra de acuerdo a los intereses políticos y burocráticos.
Necesitamos que el carácter técnico, jurídico y responsable vuelva a ser el mantra de las decisiones en EPM. Solo así podremos salvar al país de una debacle energética y a EPM de la languidez del populismo y de oscuros intereses económicos.
