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En un país injusto en el que el sitio de nacimiento determina en gran medida nuestras oportunidades, hay un grupo que sufre aún más la desigualdad. Se trata de las personas en situación de discapacidad. La no inclusión de esta población es éticamente cuestionable y genera altísimos costos económicos para la sociedad en su conjunto.
Un estudio realizado en Reino Unido sobre países de ingresos medios y bajos, como el nuestro, encontró que hay una clara relación estadística entre discapacidad y pobreza, y entre discapacidad y desempleo. Es decir, una persona que se encuentre en esta situación tiene una mayor probabilidad de ser pobre o cesante. No son pocas personas. Las dimensiones son realmente sorprendentes. La población mundial de sujetos en situación de discapacidad es de aproximadamente 15%; además, 4% padece dificultades significativas.
Excluirlos, o no permitirles ser actores productivos de la sociedad, significa que millones de individuos en vez de aportar, se convierten en una carga. La dinámica social los obliga a depender de otros, e incluso de la caridad cuando lo que más desean ellos es ser autónomos y valerse por sí mismos. En Colombia se ha avanzado mucho en lo formal y poco en lo material. La ley 1618 de 2013, que busca garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de esta población prescribe, acertadamente, lo que deberíamos hacer para transformarnos en una sociedad incluyente.
El derecho al trabajo, a la salud y a la educación, entre otros, son estipulados con carácter obligatorio en su cumplimiento. No obstante, como suele pasar en nuestro país, del papel a la realidad existe un gran vacío. Adicionalmente, de las buenas intenciones pueden surgir problemáticas contraproducentes y este es el caso del empleo. La Corte Constitucional en aras de proteger sus derechos -como debe ser- ha hecho que sea difícil despedirlos de un puesto, así hubiesen llegado a este con la discapacidad (en la práctica el permiso del Ministerio de Trabajo poco funciona y la tutela, por lo general, hace que se deban reintegrar en la mayoría de los casos).
En efecto, esto hace que las empresas no tengan la seguridad para darle la oportunidad a personas en tal condición pues si no cumplen las expectativas, es complicado despedirlos. Igualmente, tener que adecuar el lugar de trabajo genera costos para las compañías. No obstante, la exclusión del mercado laboral produce altas pérdidas. Por ejemplo, Bangladesh deja de producir US$891 millones anuales; Marruecos, US$1,1 billones y Sudáfrica, US$3,4 billones. Además, se estima que los países de la Ocde destinan alrededor de 10% del gasto social público en subsidios y manutención de esta población.
Colombia podría aprovechar el potencial y talento de estas personas. El paso más difícil ya fue sorteado. Ahora, se requiere que lo aprobado por el Congreso se haga cumplir. Para esto necesitamos poner en la agenda pública el tema de la discapacidad y generar una cultura para la inclusión. Tenemos que apoyar a las empresas y a los empresarios que quieran ayudar y que no saben cómo hacerlo. También, debemos darles alas y promocionar una red de emprendimiento que los empodere y les permita a las personas en situación de discapacidad promover compañías propias, de la mano de un sello social que identifique sus productos.
El camino es difícil pero justo y sobre todo de grandes réditos para nuestra sociedad.
