Una nueva alianza contra la corrupción

Colombia vive un momento de inflexión marcado por el fin del conflicto armado con las Farc. Durante décadas el humo de la guerra no dejó ver la tragedia de la corrupción. En hora buena los gremios, las autoridades locales y nacionales y los entes de control, con el apoyo del diario económico La República, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, hemos dado vida a la Declaración por la transparencia y la integridad.
Es un documento histórico que ratifica el compromiso de los firmantes con la construcción de un país libre del flagelo de la corrupción, que se ha convertido en un monstruo que amenaza el futuro de la democracia, el modelo económico, la descentralización y la institucionalidad. La paz no tendrá mañana si la corrupción se devora el bienestar de la gente y llena de incertidumbre la generación de riqueza. Esta es, precisamente, una de las principales preocupaciones de los colombianos, sumidos en el pesimismo, como lo registran las encuestas, ante los permanentes escándalos, unos más grandes que otros, como Odebrecht, Reficar, Bioenergy y tantos otros que han lesionado la confianza colectiva.

La corrupción es una cultura de apropiación indebida de lo público, mediante un entramado que incluye trampas jurídicas y entrega de dádivas a funcionarios públicos por parte de particulares para quedarse con la jugosa contratación estatal, lo que termina en una mala calidad del servicio y en el debilitamiento del servicio público.

Puentes que se caen, carreteras que se hunden, hospitales que matan, refinerías con sobrecostos descomunales donde ardieron los dineros del Estado. Contratos hechos a la medida de los corruptos, en una alianza siniestra de políticos y contratistas. Los elefantes blancos son gigantescos y forman parte de una cotidianidad macondiana, que muchos ciudadanos aceptaron durante décadas. Por fortuna ya no es así.

El rechazo a los corruptos e ilegales crece como espuma. No es tiempo de permanecer callados o inactivos. Hay que actuar ya y de manera organizada. Si no ocurre una acción pronta de quienes defienden y creen en la democracia y el Estado Social de Derecho, el populismo podría emerger como una salida viable para quienes hoy son la mayoría escéptica y frustrada que muestran las encuestas.

La corrupción ha traspasado todas las líneas rojas y el país se ha levantado para repudiarla y castigarla. Al silenciarse la guerra contra las Farc, se escuchan otras voces y se construyen diferentes agendas. En los medios emerge una Colombia asediada por amenazas diferentes a las ya conocidas. Un país que hay que reconstruir, empezando por una nueva cultura de la legalidad y defensa de lo público, que incluya la activa participación del sector privado y la academia.

Para ganar la guerra contra los corruptos se necesita una nueva institucionalidad, capaz de diseñar una ruta de progreso, justicia social, equidad y democracia. Los tiempos que hoy vivimos, marcados por la incertidumbre, la desconfianza y el escepticismo reclaman mucha imaginación para construir herramientas efectivas y alianzas invencibles contra el pesimismo.

Hay esperanza cuando el sector privado asume el papel histórico que le corresponde y escucha el llamado de la ciudadanía a actuar con altruismo. Gremios como la Andi, Fenalco, Fasecolda, SAC, Camacol, Andesco, Confecámaras, Asobancaria, Asofondos, Asopostal, la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, la Cámara Colombiana de Infraestructura y la Cámara de Comercio de Bogotá, dijeron sí y firmaron sin reticencia alguna la Declaración por la Transparencia y la Integridad, como un aporte a la construcción de una nueva república en la que la cultura de la corrupción sea parte del pasado.

Con esta Declaración, la Procuraduría construye nuevos paradigmas sobre la manera en que se debe actuar frente a un enemigo tan poderoso como la corrupción. De la mano del sector privado y las autoridades locales podremos avanzar en la tarea preventiva que constitucionalmente le corresponde al Ministerio Público, en la formación de nuevos funcionarios, públicos y privados, dispuestos a denunciar y castigar comportamientos ilegales, dándole forma a un Estado en el que los derechos ciudadanos no sean arrebatados por la cultura del más avivato.

Es evidente que la calidad de lo público depende de la calidad del Estado y de lo privado. Sin una cultura de transparencia y probidad, millones de compatriotas estarán condenados al oscurantismo de la violencia. La Constitución Política es la salida a esta encrucijada histórica. Con claridad se ha señalado la necesaria coherencia entre las líneas de la Carta Política y los códigos de ética empresarial e integridad pública.

Ahora sigue lo más importante, y lo más difícil: la puesta en marcha de la Declaración, para que sus objetivos se cumplan y los resultados sean tangibles, en el corto plazo, para los ciudadanos. Finalmente, sin corrupción se elevará la calidad de vida de la gente, se disminuirá la violencia, aumentará el bienestar y será más cierta la carta de derechos que nos cobija sin distingo alguno. Para ello, el Ministerio Público creará un equipo interdisciplinario que trabajará con un enfoque territorial en el diseño de una estrategia de aplicación de la Declaración, vinculando a las universidades, en la capacitación de las autoridades locales, los empresarios y los medios de comunicación. El Instituto de Estudios del Ministerio Público, IEMP, será esencial en esa tarea. Y, además, se gestionará que los gremios y la cooperación internacional asignen recursos para esa tarea.

La lucha contra la corrupción necesita unidad y la suma de muchos esfuerzos. Una sola entidad o una sola persona no pueden ganar esta batalla. No es una tarea de súper héroes, sino de líderes terrenales. La Declaración es un llamado al trabajo conjunto sobre metas claras. La pedagogía de ese trascendental documento será el primer objetivo de la tarea que nos hemos propuesto, para que todos los gremios, las cámaras de comercio, alcaldes y gobernadores, académicos y periodistas lo conozcan y lo promuevan.

La buena noticia, en medio de la incertidumbre, es que está naciendo una nueva alianza, en la que empresarios, estado y sociedad civil hemos decidido actuar y romper el círculo mortal de la corrupción.