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ANALISTAS 06/11/2024

Golpe a las fuerzas militares y al país

Francisco Barbosa
Exfiscal general y profesor del Adam Smith Center for Economic Freedom, Florida International University (FIU)

El gobierno de Petro trabaja juiciosamente para desmantelar la seguridad. Hace unos días, se expidió por parte del Ministerio de Defensa la resolución No. 4760 del 1 de noviembre de 2024 que ordenó la supresión de las fuerzas de tarea conjunta de las FF.MM., Omega, Titán, Hércules, Marte y Quirón y los comandos específicos de Caguán, Oriente y Cauca.

Esta decisión desarticula las capacidades operativas entre la Policía, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en los territorios. Recordemos que el éxito de estos comandos conjuntos permitió golpear en diversos lugares del país a las organizaciones criminales.

La Fuerza de Tarea Omega, por ejemplo, fue responsable de dar de baja a un número importante de comandantes de las Farc y de atacar la retaguardia de esa guerrilla en el sur del país luego de los exitosos Plan Patriota (2002) , Plan Consolidación (2007) y Plan Espada de Honor (2011).

Lo grave de este desmantelamiento es que va de la mano a lo que ha venido ocurriendo con la desaparición operativa de los planes policivo-militares Agamenón, Esparta, Atalanta, Atlas y Aquiles y a la estrategia “Artemisa” que se tenía para luchar contra la deforestación en el Guaviare.

A esto se suma, que la construcción que se realizó durante mi administración en la Fiscalía General de la Nación (2020-2024) en torno a la lucha contra la criminalidad para romper los corredores estratégicos en los límites de los departamentos donde se articulaban las competencias de la policía, el ejército y fiscalía ya no opera.

Ni hablar, tampoco, de la salida de más de 16.000 soldados y del retiro de más de 60 generales entre policía y ejército durante este gobierno. Una calamidad.

Esta acción deliberada de desmantelar la seguridad del país se presenta en el marco de una “ paz total” que terminó siendo un mecanismo para soltar criminales con instrumentos como los gestores o voceros de paz.

Con esa lógica se han venido solicitando suspensión de órdenes de captura a delincuentes comunes o se ha establecido de forma atomizada ceses al fuego con bandas criminales de todo tipo. Producto de esto, la situación de seguridad en la costa caribe, en el Cauca, en el Catatumbo, Nariño, Putumayo, el bajo Cauca Antioqueño, en Chocó, en Caquetá y en Arauca es caótica.

Este gobierno por el que han pasado 39 ministros y 54 viceministros y que ha desmantelado las fuerzas militares pretende regresarnos a los años noventa cuando las guerrillas celebraban la muerte de nuestros soldados en masacres como las de Las Delicias, Patascoy, Miraflores, la Carpa, la Hormiga, Mitú, entre otras.

No se nos puede olvidar que esas organizaciones criminales respiraran en la nuca de nuestras capitales. Un buen ejemplo, fue el del municipio de la Calera a 20 kilómetros de Bogotá y tomado por las Farc en 1994.

El 2026 será un año crucial para que la institucionalidad retorne y estas decisiones en contra del país se reviertan. Debemos ser claros, Colombia no será viable sino se recupera la seguridad, la justicia y el estado social de derecho.

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