La verdadera parálisis

El paro camionero fue un detonante de la molestia social y económica que se percibe en el país. La destrucción del sistema de salud, la incertidumbre pensional, el bloqueo a la infraestructura, la inseguridad, el aumento de impuestos y la corrupción rampante han hecho de Colombia en estos dos años un mapa de retazos que genera múltiples preocupaciones ciudadanas. La falta de dirección es evidente y la ausencia de acuerdos nacionales son la regla.

Sin embargo, más allá del levantamiento del paro camionero por la negociación sobre el aumento del diésel, las preguntas que quedan en el ambiente son mucho más complejas que el debate sobre si ese aumento debe ser de $800 o de $1.904 planteados inicialmente y que pretenden reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Combustibles.

Con el paso de los días, hemos advertido que la verdadera parálisis que existe en Colombia es la que se estableció el 7 de agosto de 2022 con la llegada al poder de Gustavo Petro. En esa fecha se materializó el inicio de un camino de bloqueo institucional en el país. Las grandes obras nacionales o municipales se paralizaron por decisiones de agencias ideologizadas. Ejemplos son muchos, el metro y la ampliación de la autopista norte en Bogotá, los trenes de cercanías en Cundinamarca, Valle del Cauca y la costa caribe. El túnel del Toyo en Antioquia, el canal del Dique, la ausencia de acción para cerrar el Jarillón de Cara e gato en el departamento de Sucre y que tiene inundado miles de hectáreas en la Mojana, poniendo en peligro más de 10.000 familias. Más de 800 proyectos bloqueados por 500 consultas previas pendientes. Y así podríamos seguir con más ejemplos.

A esto se suma, la ausencia regulatoria de la Creg que no actúa frente a los generadores de energía y afecta a los comercializadores que han visto como la energía se encarece. El caso de varios departamentos de la Costa Atlántica es aberrante. Más de 30% del aumento de las tarifas o 194,000 usuarios de estratos bajos sin energía. Allí también se puede plantear el entuerto de la “ opción tarifaria” que permitió que se congelaran las tarifas durante la pandemia para ayudarle a los colombianos a reducir su gasto. Son $4,7 billones que se le adeudan a los operadores de la red que podría llevar a que los generadores de energía restrinjan la transmisión. Lo más grave de este panorama es que no hay acciones frente al apagón que se viene a más de 10 millones de colombianos según el reciente informe presentado por el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez.

A todo esto hay que añadir el previsible desabastecimiento de gas, aunado a la inseguridad nacional por cuenta de la mal llamada “ paz total” que redujo la policía y el ejército en varios departamentos.

La respuesta a este deterioro es compleja pero realizable. Un nuevo gobierno democrático y no autoritario en 2026 que lleve al país a la recuperación de la confianza, al fomento a la inversión, a los desbloqueos sectoriales, a la inversión social, a la recuperación de la seguridad y al apoyo a la institucionalidad.

*Profesor del Adam Smith Center for Economic Freedom, Florida International University (FIU)