No hay derecho

El mal manejo político de la energía en Colombia le costará caro al gobierno de Petro y a los ciudadanos. La intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos de la empresa comercializadora de energía Air-e y seguramente de Afinia pondrá en riesgo la prestación del servicio en 6 departamentos del país. Como lo recordó el Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez existe la posibilidad de un apagón que podría afectar a más de 10 millones de colombianos el próximo año.

La realidad de esta intervención es que la empresa tiene altos costos de energía por cuenta no solo de la ausencia de control a las generadoras, sino de la volatilidad de la bolsa de energía. Del mismo modo, el gobierno no ha girado los recursos de los subsidios de usuarios de los estratos 1,2 y 3 y tampoco los $1,8 billones de la “ opción tarifaria”. En el caso de la bolsa de energía, la especulación es tan alarmante por parte que el costo de la energía pasó en julio de este año de $121 por kilovatio/hora a $797 el 12 de septiembre. Es imposible con estos precios, no aumentar la factura a los usuarios, quienes en su gran mayoría no pueden pagarlas.

Ahora bien, la intervención se debe hacer para para garantizar la continuidad del servicio. En este caso concreto, para inyectar recursos con el fin de permitir la operación en los diferentes segmentos de las cadenas de valor de la empresa, para restructurar deudas y para intermediar adecuadamente la negociación de la energía con los generadores. Recordemos que Aire-e le presta el servicio a 1.3 millones de usuarios en los departamentos de Atlántico, Magdalena y Guajira. Lo grave es que no hay recursos para todo esto.

En el caso de Afinia la situación es similar. Esta comercializadora le presta los servicios de energía a los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar. El Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez señaló que quiere salir del 100% de las acciones que tiene EPM en esa compañía. Los resultados están a la vista. No han podido recaudar el 78,36%, las pérdidas son del 27,86% en los últimos 12 meses, se le debe por parte del gobierno “la opción tarifaria” de 1,5 billones y la cartera oficial asciende a $290.000 millones.

Los generadores de energía, por su lado, han venido planteando soluciones atadas a renegociaciones de los contratos o descuentos como las que fijó Isagen de un 10% a los contratos de estas dos comercializadores. Para los generadores, no hay precio diferencial para el caribe y los responsables no son ellos.

Todo este enredo, se resolvería si el presidente Petro y su gobierno gerenciara el problema, activara la CREG (Comisión de regulación de energía y gas), giraran los subsidios adeudados, pagaran las deudas de la “opción tarifaria” y unieran todos los puntos del negocio pensando en la ciudadanía y no en la mezquina ideologización que se tiene contra el sector privado. Las consecuencias de esta inacción es compleja. Una posible interrupción del servicio, facturas impagables, problema de recaudo y una ciudadanía sin servicio. No hay derecho.