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Si el crédito es a 31,19%, o 32,25% si es más pequeño, como prescribe el decreto, ya el cultivo no le da para pagar los intereses y tiene que conseguirse la plata de otras fuentes
El gobierno anunció con gran despliegue su estrategia para combatir el gota a gota, que consiste en unas líneas de crédito para contrarrestar ese flagelo. El gota a gota, también llamado pagadiario, afecta principalmente al comercio informal: los prestamistas ilegales le prestan a un vendedor para comprar su inventario, y al final del día le cobran un interés abusivo que lo deja casi sin ganancias, y no le permite crecer ni formalizarse. Y si el comerciante no puede pagar, es intimidado con violencia para que se consiga la plata como sea. Esos micronegocios son rentables, de alta rotación, y muchos alcanzan a dar para pagar esas tasas abusivas que pueden ser hasta de 800% efectivo anual. Para esa población es importante acceder a créditos formales con tasas de mercado, como las que impulsa el gobierno, que aunque altas, refleja su nivel de riesgo, de costo del capital y de originación. En ese sentido hay que celebrar la política del gobierno.
El problema está en que, para el gobierno, un pequeño productor agropecuario es igual a un pequeño comerciante urbano, y los ha metido en la misma canasta para efectos de la política. El campesino, a diferencia del comerciante, tiene un negocio de muy baja rotación, toda vez que sus cultivos o animales tardan meses o años en dar sus frutos, razón esta por la cual el “pagadiario” no financia producción agropecuaria; allí no hay negocio para ellos. Además, según los marcos de referencia del Banco Agrario, la rentabilidad (TIR) promedio de las actividades de pequeños productores es de 27%, razón por la cual, si tienen que pagar un crédito a 27%, le estarían entregando todas sus ganancias a su acreedor. Pero si el crédito es a 31,19%, o 32,25% si es más pequeño, como prescribe el decreto, ya el cultivo no le da para pagar los intereses y tiene que conseguirse la plata de otras fuentes. Pero más grave aún es que las tasas de las que habla el decreto realmente son de adorno, porque el tope, a cuál se acercaran los bancos de microfinanzas, es de 46,7%, y de 52,89% respectivamente. Así las cosas, aquellos campesinos que ilusionados tomen este crédito, terminaran vendiendo sus cerdos o gallinas, o entregando ingreso de sus jornales para cumplirle al banco. Además, aquellos que no puedan cumplir, quedarán reportados y no podrán acceder en el futuro al crédito de fomento. Y todo esto en el gobierno que habla de que el campesino debe ser “sujeto especial de derechos”.
El crédito de microfinanzas empezó a ser cuestionado luego de la ola de suicidios en comunidades rurales de Andhra Pradesh en la India por las presiones de cobro de bancos de microfinanzas. Pero fue Esther Dufflo, profesora de MIT, con su esposo, los primeros en hacer estudios en campo sobre la pobreza, los cuales, entre otras cosas, median en que, medida el microcrédito ayudaba a sacar a la gente de la pobreza. Sus resultados fueron reveladores: no siempre el microcrédito ayudaba a la gente pobre, en ciertas circunstancias (como las descritas acá), en vez de sacarlos de la pobreza, los hundía más en ella. Esos estudios hicieron a la pareja acreedora del premio nobel de economía en 2019.
En el crédito agropecuario hay una falla de mercado bien documentada: el campesino genera externalidades positivas que tienen que ver con la seguridad alimentaria y la seguridad nacional, que no son compensadas por el mercado y, además, está en un negocio de poca rentabilidad y alta volatilidad, razón por la cual existe el Banco Agrario, para llegar con crédito de fomento cuyo tope es del IBR + 7. Con los subsidios adicionales, en el gobierno Duque el Banco Agrario colocó la cifra récord de $9,7 billones a una tasa promedio del IBR + 5, ósea el equivalente hoy de 19%.
Queda claro que esta política de lucha contra el gota a gota, en lo que respecta al sector agropecuario, es otra política chapucera del gobierno, que hundirá en la pobreza a muchas familias campesinas. Ojala el ministro Ocampo y la ministra López entiendan que la solución está en no politizar al Banco Agrario, y en continuar la expansión del crédito de fomento que recibieron, y que si quieren involucrar a la banca de microfinanzas, lo hagan con un esquema de garantías y compensación de tasa, que con márgenes de intermediación razonables, le ofrezcan al campesino tasas cercanas a las de fomento.