MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Agregue a sus temas de interés
Hemos escuchado en el último año diferentes ideas frente al papel que debe asumir el Estado en el marco de la crisis económica y social en la que estamos inmersos. No han faltado en estos los que solamente propenden por transgredir la independencia del Banco de la República para financiar transferencias directas, prometer así ingreso universal y luego sumirnos a todos en una pobreza ante la desfinanciación del estado.
Otros hemos venido hablando de la necesidad de la profundización de los programas sociales del estado, combinando las transferencias directas focalizadas en los que más lo necesitan y una inversión en infraestructura que permita no solo dinamizar la economía sino generar condiciones más favorables para la reactivación económica.
Desde mi llegada al Senado de la República he tenido la oportunidad de liderar las diferentes discusiones de Presupuesto General de la Nación que se surten año a año en la Comisión VII de la cámara alta, misma que trata frente a todos los principales aspectos sociales de nuestro país. En los años anteriores fuimos vehementes en indicar la existencia de un déficit social en el PGN y este año no será la excepción; la pandemia y el paro han puesto de presente la importancia de profundizar en los diferentes programas sociales que han permitido soportar en alguna medida la inclemencia del virus y la crisis económica ahondada por el paro nacional.
inLo cierto es que a pesar de la necesidad de apretarnos el cinturón, no es aconsejable que los rubros que vayan a ser castigados sean precisamente los que más impacto tienen para mejorar la generación de ingresos de las comunidades en situación de pobreza.
Precisamente el Programa de Fortalecimiento para el Desarrollo de Infraestructura Social y Hábitat para la Inclusión Social a Nivel Nacional del DPS responde a esa necesidad; este se encuentra alineado con la Ruta para la superación de pobreza, propende la realización de intervenciones que logren financiar infraestructura social y productiva, entre las que se encuentran plazas de mercado, centros de acopio, placas huella, centros de transformación productiva, y pavimentación urbana, todas estas, elementos necesarios para la recuperación económica del país, pero principalmente para equilibrar la desigual cancha en la que estamos parados.
El programa tan solo en el Valle tiene presupuestado realizar inversiones en diferentes municipios que ascienden a cifras cercanas a los $27.000 millones, interviniendo vías urbanas y rurales, plazas de mercado en varios municipios, y en general construyendo mecanismos para el resurgimiento social y económico de la región. Esto mismo se ha escalado a cada uno de las regiones de nuestro país. No podemos negar que Colombia tiene una deuda social y en infraestructura de décadas, que si bien se ha venido corrigiendo, aún persiste un déficit que debe ser atendido. La inversión en infraestructura social no solo es un deber sino una herramienta que atiende por partes iguales la creación de empleo, el mejoramiento en la infraestructura productiva, y la construcción de condiciones propicias para la generación de mayores y mejores ingresos para comunidades actualmente golpeadas por la pobreza.
El papel del estado es determinante en el marco de la recuperación y la reactivación económica, en especial garantizando un proceso de inmunización rápido y completo que garantice la inmunidad de rebaño, pero de nada nos sirve tener a la fuerza laboral protegida contra el virus si no están dadas las condiciones para realizar una mayor y mejor actividad económica que garantice superar los niveles de pobreza en los que nos encontramos.
