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Doy continuidad y sustento a mi artículo anterior “A Tiempo de Corregir”, sobre la oportunidad de mejorar el contenido y posible aplicación de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, en el entendido que se constituirá en la carta de navegación de la política pública de éste Gobierno y como tal, merece los ajustes del caso que le brinden mayor consistencia y pertinencia al tratamiento de algunos temas, en particular el relacionado con el desarrollo productivo innovador.
He argumentado en éste privilegiado espacio que el acceso a la economía del conocimiento y la inserción de la Mipyme nacional como dinámica jugadora en las Cadenas Globales de Valor, se dará con el correcto fomento a los aún en ciernes clústeres del saber que deberían sustentarla, lo cual será viable sí y solo sí son jalonados mediante la tracción que solo puede brindarle la inversión greenfield en sectores claves con alto eslabonamiento productivo y pendiente elevada en la curva de desarrollo tecnológico.
Un ejemplo claro para dimensionar ésta situación se asocia con el sector automotriz que ha adolecido del adecuado manejo dada la visión sesgada de la política pública, enfocada solo a proteger las ensambladoras, lo que paradójicamente frenó el desarrollo de un sector con enorme potencial para gestar y fortalecer clústeres de Mipyme del saber, como los relacionados con diseño industrial, nuevos materiales, mecatrónica y robótica, entre otros, lo cual requiere del diseño y ejecución de una política excepcional integral.
Y aunque comparto plenamente el silogismo “emprendimiento + legalidad = equidad” y cómo éste es la guía conceptual del Plan, mi comentario de cara a lo antes expuesto es sobre la inversión greenfield, de la cual el Plan anota que Latinoamérica recibió de 2010 a 2016 más de US$1.000 millones en sectores diferentes al extractivo, pero ninguno para Colombia, lo que contrasta con las cuantías movilizadas por otras economías en desarrollo, en especial Malasia, Camboya y Vietnam con más de veinte veces eso (Unctad), lo que convirtió a su Mipyme en partícipe activa de las CGV y a éstas en prósperos países.
Al respecto el Plan tímidamente señala que “se debe apuntar proactivamente a aumentar decisivamente el número de proyectos greenfield de inversión de gran envergadura”, de ahí esperan movilizar estos recursos bajo el régimen de las megainversiones en solo seis proyectos con incentivos que distan mucho de las mejores prácticas en la materia por sus implicaciones, pera también sin un concepto claro de ubicación que pretende enviarla a las desprestigiadas zonas francas, pero peor aún sin contribuir a gestar y edificar ecosistemas altamente atractivos para ésta inversión, que jalonen los referidos clústeres, con las anheladas ganancias cualitativas y cuantitativas, además de soberanía.
