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Ni la pobreza, ni el hambre, ni el desempleo, ni la enfermedad, ni decenas de cartageneros fallecidos por estos días a causa del covid-19 han logrado robarse la atención de los entes de control del país sobre la dramática situación social de la heroica.
Lo único que parece importarles es el edificio Aquarela iniciado por Promotora Calle 47 SAS en la manzana 182 del Barrio Torices, y que en octubre próximo cumplirá tres años de parálisis por cuenta de las acciones jurídicas puestas en marcha por las autoridades que le fallaron a la ciudad con el diseño y la adopción del Plan Especial de Manejo y Protección, Pemp, ordenado por la Unesco para los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad.
La historia está llena de falsos positivos. Los protagonistas lo saben. El primer golpe lo dieron en octubre de 2017 a través de una Acción Popular interpuesta por el Ministerio de Cultura contra el Distrito y los constructores por presunta afectación a un bien de interés cultural, obviando que el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena certificó en mayo de 2015 a Promotora Calle 47 que el área donde se construiría el proyecto no hacía parte de la zona de influencia del Castillo. Es claro, para la fecha, la Unesco llevaba más de 14 años solicitando el Pemp, pero las autoridades en Colombia no habían tenido tiempo o interés en diseñar y presentar el documento.
A dos días de la Acción Popular se hizo una sorpresiva inspección policiva al proyecto, dando origen al sellamiento de la obra hasta el día de hoy. A pesar de que la constructora subsanó casi de inmediato los hallazgos de la inspección policiva relativos a horario laboral, dispersión de partículas y central de acopio de materiales, la inspección de policía de la comuna dos de la ciudad, aupada por los entes de control que llegaron para ‘ayudar’ en el caso, falló en contra del proyecto aduciendo invasión de espacio público. Para ello, la inspección hizo caso omiso del informe solicitado por las mismas autoridades al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, cuyos resultados de ubicación del proyecto coinciden con las coordenadas aprobadas en la licencia y en su reemplazo utilizó pruebas no idóneas trazadas con el sistema Midas por funcionarias de Planeación Distrital. Este fallo fue demandado por Promotora Calle 47 ante la jurisdicción contencioso-administrativa, como quiera que contiene irregularidades de tipo técnico y jurídico.
El tercer golpe vino por cuenta de la Fiscalía Delegada de Cartagena que imputó a los constructores por presunta urbanización ilegal y que llevó al arquitecto y al representante legal del proyecto a la cárcel en junio de 2018, de donde salieron tras demostrar el debido licenciamiento del proyecto bajo el POT vigente y la Circular 10 de diciembre de 2013 expedida por Planeación Distrital que liberó varias zonas de la ciudad para vivienda de interés social sin límite de altura. Cabe aclarar que, para la fecha de la expedición de la citada Circular, Promotora Calle 47 no había sido constituida, y a la fecha son ya casi 40 proyectos habitacionales de la ciudad los que se levantan amparados en esta Circular. La Procuraduría también instauró Acción de Nulidad, pero a la fecha, las autoridades no han citado a la audiencia de apertura del proceso.
No contentos con lo hecho en materia legal, y sin mostrar un asomo de preocupación por las cientos de familias cartageneras afectadas con la parálisis de la obra, las autoridades involucradas también se han ocupado, y de qué manera, de entregar periódicamente a la ciudadanía, reportes de estudios contratados al margen de los procesos legales, en los que dan cuenta de un supuesto peligro de que Cartagena pierda el título de Patrimonio de la Humanidad, mientras que la Unesco -fiel a sus principios- se muestra respetuosa de la soberanía de los Estados-miembro.
Y sí que se han movido. En mayo de 2018, quince años después de la solicitud formal de la Unesco, Colombia registró el Pemp de murallas, el cual no tiene efectos retroactivos. En la actualidad se gestiona el Pemp del centro histórico, lo cual podemos decir, constituyen grandes logros del proyecto Aquarela.
La pandemia no los ha detenido en su propósito. La semana pasada, mientras gobiernos de todos los países concentran sus esfuerzos en el diseño y la ejecución de políticas públicas que permitan garantizar la vida y la salud de sus pobladores, la Ministra de Cultura de Colombia en compañía del Procurador General de la Nación anuncian el fin de la polémica, más no de los procesos legales que continúan su curso. Los altos funcionarios del Estado lo dicen y los medios lo registran: El edificio Aquarela deberá ser demolido, ahora por cuenta de supuestas fallas en su estructura, según estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, contratado por Mincultura al margen de los procesos legales y que a la fecha no ha sido dado a conocer a constructores y desarrolladores.
El país sigue en vilo esperando la demolición, sin entender exactamente por qué, en una ciudad plagada de miseria, pobreza, muertos y con un déficit habitacional que supera en más de 30% el déficit de viviendas en el país, la noticia sigue siendo un edificio. Y lo seguirá siendo, mientras los involucrados sigan empeñados en buscar un culpable que los exima de la falta institucional, de no haber trazado y adoptado oportunamente el Plan Especial de Manejo y Protección de los monumentos patrimonio.
